Jorge Carrillo/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- El secretario de Infraestructura y Transporte de Quintana Roo, Fernando Escamilla Carrillo, reconoció que el Atlas de Riesgo de Quintana Roo es un documento impreciso a la hora de los fenómenos naturales, los indicadores de inundaciones y alto potencial de flujo hidrológico, por lo que debe ser actualizado.

El entrevistado precisó que  cuando han ocurrido los fenómenos meteorológicos, los daños no se han reportado en las zonas que marca el documento elaborado por especialistas de la Universidad de Quintana Roo, como los de mayor vulnerabilidad ante la presencia de meteoros. El funcionario reconoció, sin embargo, que el Atlas e Riesgos es un estudio indicativo de zonas inundables o con alto potencial de flujo hidrológico, “pero la realidad de las cosas es que ha tenido una serie de imprecisiones”.

Escamilla Carrillo señaló que aún con dichos detalles, ha sido un documento que sirve y que da recomendaciones y dentro de lo que compete a la dependencia que encabeza, tiene que cumplir con sus lineamientos, tanto en vías de comunicación, en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), como en materia de construcción de infraestructura.

De acuerdo con el encargado del Centro de Información Geográfica de la División de Ciencias de Ingeniería de la Universidad de Quintana Roo, Daniel López Montejo, la coordinación entre el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos está valorada científicamente en un nivel 1 de 5 estabelcidos, lo que corresponde a una cifra cuantificada en 20%.

Agregó que de acuerdo con un estudio realizado, a nivel municipal únicamente Benito Juárez cuenta con un Atlas de Riesgo y en Othón P. Blanco sólo se ha realizado para la ciudad de Chetumal. Dijo que otros Ayuntamientos como Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Tulum, Bacalar, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas no poseen un instrumento similar y en los casos de Solidaridad y Cozumel se encuentran en elaboración, lo que en parte influye en la falta de coordinación al no contar con su marco normativo exigido en la Ley General de Protección Civil.