A partir de este martes, los prestadores de servicios turísticos de Quintana Roo no podrán tramitar amparos en contra del Derecho de Saneamiento Ambiental, por lo que deberán retener y entregar el cobro a los ayuntamientos, sin objeción alguna.

El pleno del Vigésimo Séptimo Circuito del Poder Judicial de la Federación, determinó que las empresas, hoteles y navieras no tienen interés jurídico para promover amparos en contra de esa contribución, una decisión que tiene carácter obligatorio para todos los tribunales, según el criterio del órgano jurisdiccional.

Desde la creación del derecho, primero en Solidaridad y posteriormente en otros municipios, los amparos han permitido a hoteles y navieras no aplicar la medida.

Sin embargo, ahora el Poder Judicial deja en claro que los prestadores de servicios turísticos, son únicamente retenedores del gravamen.

Dicha tesis deriva de amparos que en su momento promovieron prestadores de servicios turísticos, tanto en Solidaridad, como en Benito Juárez, acciones por las cuales buscaban evitar el pago ante las autoridades municipales.

La jurisprudencia entró en vigor este martes 15 de noviembre.

“Por regla general, carecen de interés jurídico para controvertir aspectos que se refieren al hecho imponible y no a la mecánica de retención, de ahí que los prestadores de servicios turísticos carecen de interés jurídico para controvertir las disposiciones que establecen el derecho por saneamiento ambiental”,

justificó la tesis jurisprudencial PC.XXVII. J/2 A  del citado órgano jurisdiccional.

Con esta determinación, se elimina la posibilidad de que las empresas promuevan amparos para combatir el pago del Derecho de Saneamiento Ambiental, toda vez que es un requisito fundamental para iniciar la acción legal.

Al respecto, Andrea Lotito, vicepresidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, quien en su momento promovió amparos contra el cobro que al final no prosperaron; sostuvo que el gremio acepta la contribución, sin embargo hizo hincapié sobre que la autoridad debe exigir el pago al segmento de rentas vacacionales.

“Queda ahora la vigilancia de la aplicación de este recurso y el cobro a hostales  y condominios turísticos, segmentos que se benefician de las aportaciones de nuestro gremio”.

Carlos Hernández Blanco, presidente de la Comisión de Turismo del Congreso del Estado y diputado por Cozumel, dijo que la redacción de la legislación local es muy clara en el sentido de que las empresas no son las que pagan el Derecho de Saneamiento Ambiental, sino quienes utilizan los servicios, en este caso de hospedaje o de transporte Marítimo.

Cozumel es, precisamente, uno de los municipios que hasta hace unas semanas litigaba en tribunales, por un amparo promovido por una de las tres navieras que operan en la isla.

“Ahora que vienen las leyes de ingresos de los municipios, seguramente, vamos a ver el planteamiento, quizás en algunos que todavía no la aplican. Pero un tema que hemos estados discutiendo con los compañeros legisladores es garantizar que el dinero no sea utilizado como de libre disposición sino que se aplique como debe ser”.

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