La iniciativa de reforma al Código Penal del Estado, presentada desde septiembre pasado pero que iba a ser analizada esta semana en el Congreso de Quintana Roo, encendió las alarmas a nivel internacional por las implicaciones de criminalización que pudieran tener sobre el periodismo.

Se trata de una modificación a los artículos 194 Bis y 194 Ter, sobre “violación a la intimidad personal o familiar”, el cual sancionado en el Código Penal desde 2008, con entre seis meses y cuatro años de cárcel, y de 100 a 300 días de multa. La promotora anunció este mismo miércoles del retiro formal de esa iniciativa.

A través de un comunicado, la Sociedad interamericana de Prensa (SIP) manifestó su preocupación por los alcances de una iniciativa de reforma al Código Penal del estado de Quintana Roo, en México, que podría criminalizar el ejercicio del periodismo hasta con ocho años de cárcel.

La organización instó al Congreso estatal a archivar la propuesta, por contravenir preceptos sobre libertad de prensa y porque podría inhibir la labor investigativa de la prensa.

“La iniciativa aumenta tres años de prisión a quien ‘utilice diversos medios, como apoderarse de documentos u objetos con información y reproducirlos; escuchar, observar o grabar una imagen fija o en movimiento’ o acceda ‘a la información contenida en un aparato para el procesamiento de datos o cualquier dispositivo de almacenamiento de la información, sin autorización de su propietario o poseedor legítimo’. El proyecto de reforma agrega el delito de ‘violación de la intimidad personal o familiar’ y la divulgación de información ‘profesional o confidencial’, que conllevaría un castigo de uno a ocho años de cárcel”,

señaló en un comunicado la organización con sede en Miami, Florida.

El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, consideró que el texto tiene un alcance negativo para el derecho a la libertad de prensa y de información, ya que se corre el riesgo de inhibir a los periodistas para que publiquen investigaciones sobre funcionarios o personalidades involucradas en asuntos de interés público. 

Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, dijo que “la legislación y las regulaciones deben garantizar la libertad de expresión cuando se trata del trabajo periodístico para exponer temas de interés público. Además, ya existe legislación criminal para penalizar delitos contra la privacidad y la propiedad entre personas, por lo que no se aconseja crear legislaciones especiales”.

Canahuati, presidente del grupo OPSA, de Honduras, y Jornet, director periodístico del diario La Voz del Interior, de Argentina, dijeron que “la criminalización de la actividad periodística es contraria a la jurisprudencia interamericana”. 

La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1,300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Estados Unidos.

Iris Mora retira iniciativa que criminaliza al periodismo

 A través de un video y un comunicado, la diputada Iris Mora Vallejo anunció que solicitó formalmente el retiro de la iniciativa e insistió en que la intención de su propuesta no es criminalizar al periodismo.

“La iniciativa para reformar los artículos 194 bis y 194 ter fortalece la protección de los espacios más preciados que tenemos frente a los abusos del Poder, la delincuencia organizada, y las personas que los transgreden”, expresó el comunicado.

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