Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Quintana Roo.- El Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo (Idaip) inició 23 procedimientos de investigación contra seis sujetos obligados por incumplir con la transparencia.

José Orlando Espinosa Rodríguez, presidente del instituto, dijo que algunos de los sujetos ya fueron notificados y se les estableció el plazo de siete días para manifestar lo que a su derecho corresponda.

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El mayor número de las quejas es contra el Partido Movimiento Ciudadano, con 16 expedientes; seguido por Felipe Carrillo Puerto, con dos casos; y el Partido Nueva Alianza, con otros dos.

Los tres casos restantes corresponden a las Secretarías de Finanzas y Planeación (Sefiplan), de la Contraloría (Secoes); así como la de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus).

“El tema principal son las denuncias ciudadanas por falta de información en los portales de transparencia. El año pasado no eran vinculatorias, pero a partir de éste ya lo es. Nosotros entramos a revisar si es procedente o no, y en su caso, aplicar todo un procedimiento que incluye audiencias con los propios sujetos obligados que hayan sido señalados”, mencionó.

Una de las primeras acciones por parte del instituto es ordenar que se ponga a disposición del ciudadano la información solicitada, para lo cual existe un plazo de hasta 15 días, en caso contrario, se aplicarán las medidas de apremio establecidas en la legislación.

“Tenemos desde el exhorto y apercibimiento, mientras que lo más fuerte es la multa económica que está tasada hasta en mil 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA),  que son aproximadamente 120 mil pesos, el máximo”, explicó.

El caso más avanzado corresponde a la Sedetus, encabezada por Alfredo Ríos Castellanos, en donde la instancia ya subió a su portal la información requerida por el ciudadano, aunque ese hecho no implica que se detenga la investigación y posible sanción a los funcionarios públicos.

En abril próximo, el Idaip realizará la primera revisión formal a los portales digitales de más de 100 sujetos obligados, de cuyos resultados podrían iniciarse procedimientos de sanción.