18 de Octubre de 2018

Chetumal

Por presunta tortura policial, un menor acepta un crimen

La Comisión de los Derechos Humanos investiga el caso, que podría ser cierto o una simple estrategia del interno.

El interno solicitó ayuda a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado para aclarar su caso. (Redacción/SIPSE)
El interno solicitó ayuda a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado para aclarar su caso. (Redacción/SIPSE)
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Claudia Martín/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- Un menor del Centro de Internamiento Para Adolescentes (CIPA) acusó a elementos de la Policía Judicial de haberlo torturado para confesarse culpable por el delito imputado (homicidio), esto durante la visita de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado al centro.

El ombudsman Harley Sosa Guillén, informó que intervendrá en el caso por la posible tortura por parte de policías judiciales en contra de un menor, para lo cual levantaran el acta correspondiente para intervenir de oficio e iniciar la investigación pertinente, hasta llegar a sus últimas consecuencias.

Sanción a servidores públicos

“En caso de que se compruebe que existió una violación a los derechos humanos del joven, se va a emitir la recomendación correspondiente para que se sancione a los servidores públicos involucrados”, dijo.

Manifestó que el menor que se encuentra actualmente recluido en el Centro de Internamiento para Menores recibió asesoría jurídica, asistencia médica y apoyo psicológico por parte del Centro de Atención a Víctimas del organismo.

El Procurador General de Justicia del Estado, Gaspar Armando García Torres, indicó que están en la mejor disposición de colaborar e informar lo que la Comisión requiera para la investigación, misma de la que estarán pendientes. Sin embargo, advirtió que esas denuncias pueden tratarse de una “estrategia” por parte de los internos.

Investigan el caso

“Normalmente es una estrategia sistemática que utilizan los imputados, dicen que fueron golpeados o torturados, como una medida de auxilio aunque no siempre sea cierta. De hecho en el nuevo sistema la confesión ya no es prueba y no se puede presentar en un juicio”, expuso.

García Torres aclaró que en caso de que se compruebe la responsabilidad de los elementos involucrados en la supuesta tortura serán sancionados conforme corresponda.

“Administrativamente ya hemos dado de baja a tres personas por diversas irregularidades, no vamos a tolerar actos de negligencia, corrupción o violación a las garantías individuales, de hecho dos Ministerios Públicos solicitaron su baja en cuanto se inició el procedimiento administrativo por señalamientos en la integración de expedientes”, finalizó.

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