Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó el procedimiento de juicio político iniciado por el Congreso del Estado en contra de los tres magistrados del Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo).

Los actos revocados por la Sala Superior del Trife, fueron el dictamen emitido por la Comisión de Justicia de la XV Legislatura, por el que entre otras cuestiones, determinó procedente la denuncia contra Víctor Vivas Vivas, Vicente Aguilar Rojas y Nora Leticia Cerón González y la determinación del Congreso de instalar la Comisión Instructora para investigar los supuestos actos y omisiones en el desempeño de los tres funcionarios electorales.

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La ponencia presentada por el magistrado del Trife, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, que el Congreso local carece de facultades para instaurar el procedimiento.

“El procedimiento de juicio político en contra de los magistrados electorales debe ser sustanciado en su caso ante el Congreso de la Unión, específicamente ante la Cámara de Diputados como órgano acusador y ante la Cámara de Senadores como Jurado de Sentencia”, estableció la resolución.

De igual manera, la resolución decretó dar vista a la Cámara de Diputados para que resuelva lo que en derecho corresponda.

Para el magistrado ponente, las determinaciones del Congreso local son violatorios de la legalidad, “por ser actos de molestia emitidos por autoridad incompetente”.

A través de un comunicado oficial, el Congreso del Estado informó que acatará la determinación tomada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aunque manifestó su desacuerdo con la decisión.

“El Congreso del Estado lamenta profundamente, que con esta resolución se esté sentando un precedente legal que impide fincar responsabilidades a los servidores públicos, en este caso Magistrados Electorales del Tribunal Local, aun cuando la sala Regional de Xalapa, del mismo Tribunal Federal, les acreditó haberse extralimitado en sus funciones en detrimento de las instituciones democráticas de nuestro estado de Quintana Roo”, señaló el comunicado.

Además el Congreso lamentó que la resolución no haya sido vinculatoria, es decir, que no se ordena al Congreso de la Unión atender la solicitud de juicio político, sino que únicamente se le da vista.

En la sesión del Trife, el magistrado Indalfer Infante Gonzales, quien votó en contra de la determinación del Pleno, manifestó su preocupación sobre el hecho de que se estaría creando un cerco de impunidad para los magistrados en la violación de leyes locales.

“Si se dice que debe conocer solamente el Congreso de la Unión, le veo un problema que es que estaremos creando impunidad a nivel estatal respecto a esta tipo de autoridades porque entonces por la aplicación indebida de leyes locales no habría quien los pudiera juzgar en ese sentido”, manifestó el magistrado.