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Las oficinas serán colocadas en el edificio Barcelona, ubicado en la avenida Náder. (Luis Soto/SIPSE)
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Alejandra Galicia/SIPSE
CANCÚN, Q. Roo.- Para dar un mejor servicio a los trabajadores que tienen juicios o demandas laborales en curso, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) trasladará y ampliará sus instalaciones a finales de agosto.

Actualmente la dependencia padece de hacinamiento, debido a las centenas de expedientes de demandas laborales que se encuentran acomodados en los alrededores de las oficinas, la sala de espera no caben más de 15 personas y en caso de llegar trabajadores que tienen alguna lesión, discapacidad, o si es un adulto mayor, el establecimiento no está diseñado para su estancia.

Luis Héctor Sarti Pérez, presidente de la JFCA en Quintana Roo, comentó que el cambio de oficina se hará en agosto, y es necesaria su ampliación, ya que la dependencia trabaja con el mismo inmueble desde hace 18 años.

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Las oficinas serán colocadas en el edificio Barcelona, ubicado en la avenida Náder, en la planta baja, al igual que la JFCA, también la Procuraduría de la Defensa del Trabajo (Profedet)  y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) se unirá al cambio, esto para acercar los servicios a los trabajadores, comentó Sarti Pérez.

A la inauguración de las nuevas instalaciones se prevé la asistencia del presidente nacional de la JFCA, Jorge Alberto Juan Zorrilla Rodríguezy representantes estatales.

La dependencia en el último semestre de este año logró reducir el número de expedientes laborales de dos mil 450 a dos mil 40,  es decir 410 casos laborales, cifra superior al primer semestre de 2015 cuando se resolvieron solo 200 expedientes.

Prevén resoluciones 

El presidente de la JFCA en Quintana Roo mencionó que para el segundo semestre de 2016 prevé bajar aún más el número de casos laborales y llegar a mil 750 expedientes resueltos.

Los problemas por la falta de pago de las incapacidades con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) encabezan el número de demandas laborales con el 50% de los casos, seguido de los despidos injustificados con 30% y problemas con Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) con 20%.

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