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Comparecencia en el Congreso del Estado. (Daniel Tejada/SIPSE)
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Alrededor de 700 maestros de Quintana Roo están en riesgo de ser dados de baja, en pleno ciclo escolar, porque se han negado a cumplir con su obligación de presentar declaraciones patrimoniales.

Rafael del Pozo Dergal, titular de la Secretaría de la Contraloría en Quintana Roo, dijo que al vencer el plazo legal, 39 mil 765 servidores públicos entregaron toda la información. De los restantes 704, se trata de trabajadores de la educación del nivel básico.

De acuerdo con el funcionario, al ser la educación un rubro de suma importancia, se les otorgó otro plazo de 30 días. En caso de que no cumplan serán notificados del cese inmediato.

“El procedimiento establece que la sanción por incumplir el cese inmediato del cargo, empleo o comisión. La ley así lo dice, no es porque al secretario no le importe que sean maestros”, afirmó ante los legisladores locales.

Recordó que a partir de este año, todos los servidores públicos, sin excepción deben presentar su declaración patrimonial, incluyendo los médicos y demás personal de salud en Quintana Roo, quienes cumplieron en tiempo y forma, a pesar de estar enfocados a la atención de la pandemia.

El funcionario compareció la tarde de este jueves ante el Congreso del Estado, en donde destacó el avance en la solventación de las observaciones realizadas por instancias federales sobre el manejo de los recursos públicos, donde también fue cuestionado sobre los procedimientos en contra de funcionarios y ex funcionarios estatales.

En el caso de las observaciones, detalló que las observaciones de la actual administración ascendieron, hasta 2020, a mil 159.37 millones de pesos, de los cuales, 71 millones ya quedaron aclararon, mientras que la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) ya entregó toda la documentación relacionada a mil 88 millones de pesos.

En lo que respecta a procedimientos administrativos destacó que se han atendido 347 recursos legales ante tribunales federales, algunos incluso, correspondientes del año 2018. En tanto, destacó que en el ámbito penal la responsabilidad recae sobre otras autoridades, porque la Contraloría únicamente atiende cuestiones administrativas.

 

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