Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL,Q Roo.-Manuel Alamilla Ceballos, titular de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado utilizó el cargo que ostenta para suspender del Padrón de Proveedores a la empresa Administradora Gráfica Aguiheroli SA de CV.

La sociedad anónima fue conformada, en su momento por Tristana Hernández Villegas (esposa del funcionario) y dos socios más, pero por diferencias y motivos de residencia, la mujer tuvo que vender sus acciones hace casi siete años.

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La empresa recibió a principios de este año un folio de registro actualizado por parte del propio Gobierno del Estado, pero en abril pasado fue suspendido, por lo que no pudo participar en ninguna licitación del Poder Ejecutivo.

A pesar de la suspensión, fue hasta agosto de este año cuando fue notificado sobre los motivos, denunció en conferencia de prensa, Jesús Emir Oliva Sabido, representante de la empresa.

El argumento utilizado por la Oficialía Mayor para suspender al proveedor es que en la primera acta constitutiva de 2009 aparece el nombre de Tristana Hernández Villegas, actual directora de Imagen del Gobierno del Estado, y para la autoridad estatal pudiera representar en algún momento un posible conflicto de intereses.

No obstante, datos del Registro Público de la Propiedad y el Comercio confirman que en 2010 la esposa del Oficial Mayor vendió sus acciones, las cuales pasaron a manos de Diana Torreblanca Calderón.

“La sociedad se conformó en el 2009 con tres accionistas, una de ellas es Tristana Hernández Villegas, esposa del funcionario, pero por cuestiones personales vendió sus acciones”, señaló el empresario.

Uno de los requerimientos de la Oficialía Mayor es que el representante legal entregue un documento actualizado donde aparezcan los nombres de los actuales socios, para que no pueda prestarse a malas interpretaciones sobre posible conflicto de intereses en contratos.

(Benjamín Pat/SIPSE)

Para el empresario se trata únicamente de un pretexto de las autoridades de la Oficialía Mayor, porque el propio titular sabe que su esposa (Directora de Imagen del Gobierno) ya no es accionista.

La empresa interpuso en agosto pasado una denuncia ante la Secretaría de la Contraloría, bajo el expediente SECOES/CGISP/QJE/0352/2017 en donde se acusa al Oficial Mayor de violar diversas disposiciones legales y no seguir los protocolos correspondientes para la suspensión de proveedores.

“En ningún momento fuimos notificados formalmente de los incumplimientos que argumentan, incluso tenemos vigente un recurso de amparo ante la negativa de la Oficialía Mayor de contestar nuestros requerimientos de información”, afirmó Oliva Sabido.

Carlos Ramón Leal Pinkney, Secretario Técnico de la Oficialía Mayor y Maru Oviedo, jefa de Prensa, interrumpieron la conferencia de prensa donde se denunciaban la irregularidad, para tratar de desmentir los dichos del empresario.

Sin embargo,  no presentaron ningún documento que acredite que la empresa fue notificada a tiempo por la autoridad estatal; en cambio, ofrecieron resolver el problema ayer mismo afirmando que únicamente faltaba un documento sobre las modificaciones de sus accionistas.