Redacción/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- El presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, Harley Sosa Guillén, emitió la Recomendación 17/2015 en contra del Procurador General de Justicia del Estado, Carlos Arturo Álvarez Escalera por la tortura de dos ciudadanos de Cancún, por parte de Agentes de la Policía Judicial del Estado y de quien ostentara el cargo de Director General de la Policía Judicial del Estado cuando sucedieron los hechos.

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Esta recomendación deriva del expediente VG/BJ/136/03/2013-4 y su acumulado VG/BJ/137/03/2013-5 en los cuales se señaló que dos personas de sexo masculino fueron detenidos por la Policía Turística Municipal por ultrajes a la autoridad, y que posteriormente fueron remitidos con los agentes de la Policía Judicial del Estado al presuntamente encontrarse relacionados con el homicidio en el bar “La Sirenita” acontecido el 14 de marzo de 2013.

En este sentido, las dos personas detenidas refirieron haber sido objeto de tortura como golpes, toques eléctricos, asfixias y otros tratos graves e ilegales.

Siete puntos

La recomendación dirigida al Procurador General de Justicia del Estado, Carlos Arturo Álvarez Escalera, se conforma de siete puntos, entre las cuales figuran que se  inicie  el Procedimiento Administrativo de Responsabilidad, en contra quien en ese entonces ocupaba el cargo de Director General de la Policía Judicial del Estado, diversos agentes de la policía judicial, agentes del Ministerio Público del Fuero Común y Oficiales Secretarios.

Asimismo se recomendó que como medida de rehabilitación, se proporcione atención médica, psicológica y psiquiátrica a los agraviados, en calidad de víctimas de violaciones a derechos humanos.

Para el caso específico del agraviado que permanece interno en el Cereso de Cancún, se recomendó se le reubique en un lugar donde se garantice su integridad personal y su vida. De igual forma se pide se inicien los trámites necesarios para que se reparen de manera integral los daños causados a en los términos que establecen los estándares internacionales, la Ley General de Víctimas y la Ley de Víctimas del Estado de Quintana Roo.

Disculpa pública

De igual forma se contempla la disculpa pública a los agraviados, capacitación y formación en derechos humanos de los servidores públicos de la PGJ; instruir a los agentes de la Policía Judicial se abstengan de instigar, cometer o autorizar a un tercero o se sirvan de él, para infligir a una persona actos de tortura, o no eviten que se cometan dichos actos sobre una persona que esté bajo su custodia.

Por último  se recomendó girar instrucción a efecto de que manera perentoria se emita la determinación correspondiente en la averiguación previa existente, instruida por el delito de tortura cometida en agravio de los ya señalados, y en contra del Director General de la Policía Judicial y demás servidores públicos involucrados.