14 de Noviembre de 2018

Chetumal

Orden de captura contra Román Quian Alcocer

Considerado prófugo de la justicia, Q. Roo pide ayuda a otros estados para localizarlo.

Quian Alcocer es cusado por el delito de desempeño irregular de la función pública. (Joel Zamora/SIPSE)
Quian Alcocer es cusado por el delito de desempeño irregular de la función pública. (Joel Zamora/SIPSE)
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Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Quintana Roo.- La Fiscalía General del Estado se encuentra tras los pasos de Román Quian Alcocer, ex titular de la Secretaría de Gobierno durante la administración de Roberto Borge Angulo, contra quien pesa una orden de aprehensión liberada por un Juez de Control de Chetumal.

Esta semana, agentes ministeriales adscritos a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción realizaron un cateo en una vivienda ubicada en la comunidad de Puerto Aventuras en la zona norte del estado, propiedad del ex funcionario.

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Sin embargo, los elementos de la Fiscalía únicamente encontraron en su interior a familiares del mencionado.

Ante esa situación, Quian Alcocer es considerado prófugo de la justicia, y de acuerdo con fuentes fidedignas, la Fiscalía local solicitó el apoyo de sus homólogos en el país para la localización, detención y posterior presentación del ex funcionario ante el juez que lo requiere en la capital del estado.

Quian Alcocer es coacusado en la carpeta administrativa 151/2017 iniciada por el delito de desempeño irregular de la función pública en agravio de la empresa VIP Servicios Aéreos Ejecutivos S. A. de C. V., propiedad del Gobierno del Estado.

El presunto daño patrimonial rebasa los 500 millones de pesos por una serie de contratos que fueron avalados por una docena de ex funcionarios, en su calidad de integrantes del Consejo de Administración de la empresa.

Uno de esos contratos fue con la empresa Taxi Aéreo Villa Rica, del estado de Veracruz para la renta de dos aeronaves y un helicóptero para el servicio del ex gobernador de Quintana Roo.

De acuerdo con la autoridad, los contratos fueron irregulares, toda vez que desde un principio no tuvieron justificación alguna, además de que los precios no correspondían a los vigentes en el mercado y de los plazos forzosos.

Uno de ellos fue firmado en 2011, cuando inició la administración de Roberto Borge Angulo, y tuvo una vigencia de 72 meses, es decir, por seis años. El contrato concluyó en mayo de 2017.

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