Gustavo Villegas/SIPSE
COZUMEL, Q. Roo.- Utilizando el argumento de que la Sociedad Humanitaria de Cozumel y Fundación Cozumel violaron la regla cinco de operación de Acuerdo San Gervasio, la alcaldesa Perla Cecilia Tun Pech convocó a una reunión extraordinaria el viernes para cancelar los recursos asignados por un monto de 90 mil pesos apenas el pasado 22 de agosto de este año con los que se financiaría su campaña de esterilización masiva de perros y gatos este año.

Esto también provocó que personal de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios llevara a cabo ese mismo día un operativo en el sitio en el que se realizaban las esterilizaciones, así como en las instalaciones de la Sociedad Humanitaria, acciones que no tiene precedente en la historia de las campañas de esterilización en Quintana Roo. La campaña de esterilización masiva inició el 21 de septiembre y concluye este sábado 22 del mismo mes.

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El principal argumento de la alcaldesa es que se utilizaron recursos públicos del ayuntamiento para una campaña que se realizó en las instalaciones de un partido político, lo que viola los estatutos del acuerdo y se solicita la restitución del dinero ya otorgado. El asunto provocó que Octavio Rivero Gual renunciara a la presidencia del Acuerdo San Gervasio, organismos en el que se aglutinan las organizaciones de la sociedad civil de la isla.

Laura de la Fuente Alcalá, representante de la Sociedad Humanitaria confirmó la cancelación de los recursos asignados pero declinó dar mayores detalles por el momento.  Por su parte Octavio Rivero también corroboró su renuncia al Acuerdo San Gervasio pero por razones familiares pidió abundar en el tema hasta el lunes próximo.

En la ceremonia de inicio de la campaña estuvo presente Jorge Cuauhtli Lojero, director del DIF Cozumel, quien acompañó a Laura de la Fuente en el corte del listón, lo que supone en el aval del ayuntamiento.

La Sociedad Humanitaria fue la más férrea crítica del mal manejo de un brote de moquillo el pasado mes de febrero en las instalaciones del Centro de Control Animal y que dio como resultado la incineración fallida de 22 perros en las instalaciones del rastro municipal.

Por estas acciones la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) sancionaron al ayuntamiento por poner en riesgo la salud de la población de la isla.