Playa del Carmen: Derimaya seguirá asegurada por la FGE
Juzgado Cuarto de Distrito negó la suspensión del cateo y el aseguramiento de las oficinas.
El Juzgado Cuarto de Distrito negó la suspensión del cateo y aseguramiento de las instalaciones de la Desarrolladora de la Riviera Maya (Derimaya), la cual quedó resguardada por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo.
Esta sociedad mercantil de participación estatal fue la encargada de regularizar por varios años la posesión de predios, a través de contrato de compraventa y escrituración, de la colonia Luis Donaldo Colosio Murrieta, de Playa del Carmen.
Sin embargo, el Gobierno del Estado acusó a los encargados de la misma de administración fraudulenta.
Por ello fue cateada y asegurada por la Fiscalía General del Estado el pasado 19 de enero. La administración promovió una demanda de amparo indirecto aparejado con una suspensión de las medidas decretadas contra el inmueble; pero el Juzgado Cuarto de Distrito negó la medida cautelar, según un acuerdo del expediente 127/2024 publicado este miércoles.
La autoridad señalada como responsable en el recurso legal, es el juez de control de Primera Instancia del Distrito Judicial de Solidaridad, quien dio el visto bueno para la ejecución del cateo; además de la FGE, cuyos elementos ejecutaron la orden judicial.
La parte quejosa consideró en esta demanda que le fueron violados cuatro artículos constitucionales, relacionados con derechos fundamentales, debido proceso y actos de molestia. La administración de la Derimaya es encabezada por la familia González Whitt, de acuerdo con datos registrales de la Secretaría de Economía.
Ellos tienen el 49% de las acciones de la mencionada sociedad mercantil, mientras que el 51% están a nombre del Gobierno del Estado.
El Gobierno del Estado acusó que desde el año 2021 la administración no rendía cuentas sobre diversas obligaciones que tiene constreñido con los accionistas, principalmente el mayoritario.
El Juzgado Octavo de Distrito hasta ahora no ha fijado fecha para el desahogo de la audiencia constitucional sobre este caso de amparo; así mismo, paralelamente se persigue un juicio penal contra la administración de la Derimaya.
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