Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- El Proyecto de Presupuesto de Egresos 2018, enviado por el Ejecutivo, dejó fuera al Tribunal de Justicia Administrativa, que según la Constitución deberá comenzar a operar, a partir del primer día hábil de enero de próximo.

El Artículo Décimo transitorio del decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado, en agosto de este año, estableció que la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), deberá realizar las acciones necesarias para proveer de recursos a la Fiscalía General del Estado, en virtud de la creación de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción y al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.

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“El presupuesto aprobado deberá cubrir los capítulos de servicios personales, materiales y suministros, así como de servicios generales necesarios”, menciona el transitorio.

Mayuli Martínez Simón, presidenta de la Comisión de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos del Congreso Local, dijo que en breve habrá reuniones con funcionarios de la Sefiplan, para tratar el tema de la omisión en la asignación de recursos públicos.

“Se requiere tener el acercamiento con el secretario de Finanzas y Planeación, para saber cuál es la razón por la que no se contempló en el Presupuesto a este Tribunal. Le correspondería a la propia Secretaría determinar cuánto sería el gasto, al ser un órgano de nueva creación”, mencionó la legisladora local.

El presupuesto para los Órganos Autónomos es un tema que preocupa a los legisladores, principalmente a la Comisión correspondiente, toda vez que el planteamiento realizado por la Sefiplan, no toma en cuenta modificaciones para el Instituto Electoral de Quintana Roo, a pesar de que en 2018 habrá elecciones locales e inicia el proceso 2019.

Además, en el caso de algunos como el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IDAIP), la Sefiplan plantea una reducción drástica en el presupuesto al pasar de 43.5 millones de este año a poco más de 28 millones de pesos.

Dicha determinación, resulta violatoria al Artículo 21 de la Constitución Política del Estado, el cual establece que el presupuesto de egresos del Instituto no podrá ser menor al cero punto diez por ciento del presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal de que se trate y en ningún caso, será menor al presupuesto otorgado en el año inmediato anterior.