Redacción/SIPSE
CANCÚN, Q. Roo.- En coadyuvancia con la PGR, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó el peritaje para identificar a cinco loros cabeza amarilla (Amazona oratrix)  que  fueron asegurados por la Policía municipal de Benito Juárez, Quintana Roo en el Mercado 28.

A través de un comunicado, la delegación federal de la Profepa en el Estado informó que la persona que tenía a los ejemplares de vida silvestre en su poder  fue puesta a disposición del Ministerio Público Federal (MPF),  toda vez que pretendía vender a las aves, de aproximadamente un mes de nacidas, a 300 pesos cada una.

Los elementos policiacos remitieron al Ministerio Público Federal al sujeto que transportaba las aves. Posteriormente, el MPF solicitó el apoyo de  los inspectores de la Profepa adscritos en la entidad,  con el fin de que éstos identificaran a las aves en comento.

Los loros quedaron bajo resguardo y serán trasladados a una Unidad de Manejo  para la Conservación de la vida silvestre (UMA) ubicada en Puerto Morelos, municipio de Benito Juárez,  a fin de que reciban atención médica ya que por su corta edad y el manejo inadecuado al que fueron sometidos se encuentran débiles.

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En peligro de extinción 

El loro cabeza amarilla se encuentra enlistado en la NOM-059-SEMARNAT-2010,  en la categoría ‘En peligro de extinción’ .

Además, cabe recordar que ningún ejemplar de ave correspondiente a la familia Psittacidae o psitácido (loros, pericos y guacamayas), cuya distribución natural sea dentro del territorio nacional, puede ser sujeto de aprovechamiento extractivo con fines de subsistencia o comerciales.

Es decir, por ser  especies catalogadas en situación de riesgo, está prohibida su extracción del medio silvestre,  así como la posesión y  el comercio de las mismas.   

El artículo 420 fracción cuarta del Código Penal Federal establece que el tráfico ilegal de ejemplares es un delito que se castiga con pena de uno a nueve años de prisión y por el equivalente de trescientos a tres mil días multa, y se aplica una pena adicional hasta de tres años más de prisión y hasta mil días multa adicionales, cuando las conductas descritas se realicen con fines comerciales.