En Quintana Roo, más de dos mil reos de las cárceles de Cancún, Playa del Carmen, Cozumel y Chetumal no tienen sentencia dictada por un juez. De estos, 1,634 están bajo la figura de prisión preventiva oficiosa, medida que en 2023 fue declarada incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos.

Datos de los Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios en los Ámbitos Estatal y Federal 2024, muestran que hasta el 2023 había 3,666 personas privadas de su libertad en Quintana Roo, de las cuales 3,470 son hombres y 196 son mujeres, todas ellas distribuidas en los Centros de Reinserción Social (Cereso) de Chetumal, Cancún y Cozumel; y el Centro de Retención Municipal de Playa del Carmen.

De estas, 65.1% no había recibido una sentencia (hasta el año pasado): es decir, 2,387 personas seguían en espera:

• 652 están en prisión preventiva justificada;
• 1,634 en prisión preventiva oficiosa y
• 101 bajo otro supuesto jurídico.

También hay 201 personas privadas de su libertad que tienen una sentencia no definitiva, y solo mil 78 tienen una sentencia definitiva.

Para las autoridades, la prisión preventiva justificada evita que las personas imputadas puedan sustraerse de la acción de la justicia, a consideración de un juez.

Sin embargo, en el caso de la oficiosa, se dicta automáticamente cuando a la persona se le vincule al proceso por alguno de los delitos previstos en el artículo 19 de la Constitución, entre estos: 

• delincuencia organizada,
• homicidio doloso,
• violación,
• secuestro,
• trata de personas,
• delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos,
• desaparición forzada de personas,
• portación y uso de armas de fuego prohibidas,
• robo y tráfico de hidrocarburos, y
• delitos en materia de corrupción.

Esta medida ha sido objeto de debate en México ante la existencia de varios asuntos ante la corte que cuestionan la convencionalidad de esta medida, después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a México por esta figura legal.

Se espera que el tema sea retomado una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación regrese de vacaciones.

El censo del Inegi también reveló que de las 3,666 personas en las prisiones de Quintana Roo, 10 personas no hablan español, 94 habla alguna lengua indígena y 152 personas tienen algún tipo de discapacidad.

Al cierre de 2023, las personas recluidas en centros penitenciarios estatales y federales ascendió a 233 mil 277, de los cuales 37.3% no tiene sentencia, es decir 86 mil 984 personas; 17 mil 202 tenían sentencia no definitiva y 125 mil 281, sentencia definitiva.

En México existen 331 centros de reclusión, de estos, 14 centros penitenciarios son federales (CPF), 266 son centros penitenciarios estatales y 51 centros especializados.

(Con información de Alejandra Carrión)