El Congreso de Quintana Roo inició formalmente la revisión de dos iniciativas que buscan reducir el periodo de las campañas políticas que se realizarán el próximo año y al mismo tiempo, que la próxima gubernatura tenga una duración de 6 años.

Se trata de dos propuestas presentadas por el diputado Carlos Hernández Blanco, representante legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien afirmó que esta medida deriva de las condiciones sociales, financieras y económicas por las que atraviesa actualmente la entidad y el país.

“Estas propuestas están pensadas desde un punto de vista que coadyuve a mantener la estabilidad de nuestro desarrollo social y económico de frente a una pandemia que vino a cambiar nuestra manera de entender cómo usar o aplicar de manera eficiente la tecnología así como los recursos humanos y económicos”, mencionó en la tribuna el diputado.

La primera iniciativa plantea una reforma a la fracción II del artículo segundo transitorio del decreto número 100 que reformó diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado, así como el transitorio de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Con esto, la persona que sea elegida para la gubernatura de Quintana Roo, en la elección de 2022, duraría en el cargo seis años y no cinco años como establece actualmente la legislación. En tanto aquella que sea elegida en 2028 durará únicamente dos años.

Lo anterior de manera temporal como parte de la estrategia para homologar las elecciones locales con las federales, es decir, que ambas sean el mismo día y año.

La segunda iniciativa plantea modificar el artículo 49 de la Constitución Política así como el artículo 293 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, que regula el periodo de las campañas.

El objetivo es que los actos de proselitismo para la gubernatura tengan una duración de únicamente 60 días y no de 90 días como está establecido actualmente.

“La situación en la que estamos exige privilegiar el derecho a la salud de los votantes así como de las personas directamente involucradas en el desarrollo de los procesos electorales, especialmente quienes participan en las campañas”, señala el documento presentado.

Para que estas nuevas medidas puedan aplicar para las elecciones del próximo año, las iniciativas deberán ser aprobadas a más tardar en la primera semana de octubre, luego de que el proceso electoral comenzará formalmente alrededor del 8 de enero de 2022.

De entrada ambos planteamientos fueron turnados a las comisiones de Puntos Constitucionales así como de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, para su análisis y posterior dictamen.

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