Jorge Carrillo/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- México se colocó como el país en Latinoamérica con mayor grado de corrupción y pago de sobornos entre empresas y gobierno para concretar negocios, afirma una encuesta nacional, Quintana Roo no es ajeno a este vicio, confirmaron empresarios.

El director del Instituto de Administración Pública de Quintana Roo (Iapqroo), Joel Sauri Galué, reconoció que en la entidad se dan casos de corrupción, incluso motivados por las propias empresas para lograr contratos o convenios con la administración estatal, el instituto cumple con su función de profesionalizar a los funcionarios, “un servidor público con elevada capacitación posee también principios éticos y morales y con ello se contribuye a mitigar el fenómeno”, afirmó.

La Encuesta Global de Fraude de la firma Ernst & Young reveló que el 60 por ciento de los directivos de las empresas en México considera que los actos de corrupción y soborno se han convertido en una actividad común, principalmente de los sectores energético, el farmacéutico y de construcción, con lo que el país se colocó como el país en Latinoamérica con mayor grado de corrupción y pago de sobornos entre empresas y gobierno para concretar negocios.

Para el empresario de la construcción, Víctor Zapata Vales, mientras más complejo sea el marco normativo para su aplicación a la ciudadanía, se convierten en detonante de más actos de corrupción.

“Esta es una de las situaciones que durante mucho tiempo ha prevalecido y aunque se han implementado contralorías e instituciones de transparencia en la administración pública, sin embargo, la ciudadanía no encuentra que estas instancias den respuesta a estos actos de corrupción que han existido por siempre”, abundó.

El análisis realizado afirma que de acuerdo con la percepción de los directivos de las 50 empresas más importantes del país, un 44 por ciento declaró que han aumentado estas prácticas por la desaceleración económica, y un 38 por ciento mencionó que el soborno es utilizado comúnmente para obtener contratos, siendo éste el porcentaje más alto en América Latina.

Zapata Vales estimó que de acuerdo con la encuesta, que afirma que las empresas utilizan el 5 por ciento de sus utilidades anuales a las prácticas de corrupción, para Quintana Roo la cifra es demasiado conservadora y para la generalidad de la población esa cifra no es creíble, pues es mucho más la suma que el empresario tiene que pagar para continuar siendo proveedor del gobierno en cualquiera de sus tres niveles.

“El daño por la corrupción es grande y perjudica a la sociedad en su conjunto, pues por ejemplo se podría uno preguntar ¿cuántos recursos que se desvían a la corrupción no llegan a educación, al campo o a obras de pavimentación?”, argumentó.