Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- El Congreso del Estado dio entrada ayer a la iniciativa de Ley de Ordenamiento Cívico del estado que sustituye a la de Ordenamiento Social aprobada el pasado 24 de marzo y que no fue publicada en el Periódico Oficial del Estado, quedando sin efectos.

La nueva propuesta ahora respaldada por cinco fracciones parlamentarias fue turnada a la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, en donde su análisis comenzará la próxima semana, según confirmó Juan Carrillo Soberanis, presidente de dicha comisión.

Los cambios en la inicativa

Entre los cambios que tuvo la ley que busca prohibir el bloqueo de vías de comunicación, está la disminución de las sanciones económicas planteadas en un principio en hasta cinco mil salarios mínimos, para quedar en un máximo de 100 salarios mínimos.

De igual manera, se eliminó la prohibición de manifestarse en espacios públicos con valor histórico, cultural, turístico, arquitectónico o de importancia para el desarrollo del estado, sin embargo, se establece como infracciones a la ley, realizar actos que de manera ilícita, afecte el normal funcionamiento de las acciones del estado, los municipios, la actividad económica, turística, social política del Estado.

Queda prohibido llevar a cabo bloqueos en la vía pública, para ello la Administración Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizará el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los habitantes.

También se establece que la Administración Pública garantizará el orden, la paz y la tranquilidad pública y protegerá a las personas que realicen, manifestaciones, marchas y plantones en espacios públicos; las personas que realicen manifestaciones o marchas, podrán hacer uso de las vías públicas; y si durante  éstas se altera el orden o paz públicos, o se impide, entorpece u obstaculice la prestación de un servicio público, o se produjera actos de violencia, la Administración Pública tomará las medidas necesarias.

En tanto, quienes participen en una manifestación “tendrán derecho a dar aviso a la autoridad por escrito, para efecto de la adopción de protocolos de prevención y protección de sus derechos”, lo anterior dentro de las 48 horas previas a la celebración de la misma.