Eduardo Santamaría, quien fungía como titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Cancún, fue denunciado penalmente por tortura sexual en agravio de una de las dos víctimas de ese delito durante la represión policial del 9 de noviembre de 2020 (9N), cuando una multitud ciudadana fue disuadida a balazos por elementos de la policía a su cargo.

Además, otra de las víctimas interpuso ayer una nueva denuncia por tortura y tratos crueles y degradantes, en contra de quienes resulten responsables no solo de los dos balazos que recibió aquella noche al intentar huir de los policías que salieron a reprimir a golpes y a balazos a quienes protestaban al pie del Palacio municipal, sino de los insultos y el abuso de fuerza.

La Fiscalía para la Atención del Delito de Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos y Degradantes de Quintana Roo, la abogada Lizbeth Lugo informó que el pasado 31 de octubre Eduardo Santamaría Chávez fue denunciado por María A. víctima de violencia sexual, la noche del 9N.

🚨#ÚLTIMAHORA: Distintos reportes indican detonaciones de armas de fuego dentro del Palacio Municipal de #Cancún, luego de que colectivos feministas entraran a las instalaciones para exigir justicia por los feminicidios. En un momento más información.
📸 Paola Chiomante. pic.twitter.com/m5mzhO2TKi

— Novedades de Quintana Roo (@novedadesqroo) November 10, 2020

Inicialmente, una de las carpetas de investigación sobre aquellos hechos se inició por abuso sexual en agravio de María y Quetzalli, pero posteriormente se reclasificó como tortura en su modalidad de violencia sexual, a petición de Lugo, quien funge como asesora victimal y jurídica de ambas jóvenes y de Wendy Galarza, lesionada por arma de fuego.

El 13 de octubre de este año se aportó como dato de prueba un peritaje médico psicológico, elaborado por peritas independientes especializadas, establecido como parte del Protocolo de Estambul, para abonar a la acusación por tortura sexual.

"El pasado 31 de octubre, María denuncia al comandante, Santamaría, quien fuera secretario de Seguridad Pública municipal en ese entonces, por el delito de tortura sexual”.

"Se han solicitado diversos actos de investigación y vemos que hay una circunstancia por parte de los juzgados federales para también obstaculizar esta investigación", explicó.

La abogada acudió a la Fiscalía especializada para ampliar la denuncia en contra del exfuncionario, con mayor información para que se soliciten los actos de investigación que permita indagatorias más exhaustivas.

Lugo también presentó este miércoles una nueva denuncia, interpuesta por Wendy Galarza, por tratos crueles, inhumanos y degradantes, toda vez que la carpeta de investigación que se inició en 2020 sobre su caso, es por delitos menores, como abuso de autoridad y lesiones, cuando en realidad fue víctima de delitos graves, enmarcados en un caso de protesta social de grupos feministas, reprimida con el uso indiscriminado de armas de fuego y hubo detenciones arbitrarias.

"Eso ya está establecido en sentencias internacionales como en el caso Atenco, donde en el mismo sentido hubo una conducta de manifestación reprimida, en este caso, por servidoras y servidores públicos de fuerzas municipales y estatales de Seguridad Pública, donde hacen detenciones arbitrarias y violencia sexual, que configuran actos de tortura".

"No olvidar que Wendy es una de las víctimas que fue atacada por medio del uso de armas de fuego, tuvo dos lesiones y esto ha generado una modificación en su proyecto de vida y ello se enmarca en los tratos crueles y degradantes", detalló.

Lugo aclaró que, a partir de la denuncia de este nuevo delito, el ministerio público tendrá que determinar si éste se reclasifica o si se trata de un concurso de delitos en un mismo hecho, lo que significa que pueden coexistir el delito de abuso de autoridad, lesiones y de tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Con información de El Universal.