Q. Roo sólo cuenta con cinco mil 323 profesionistas... registrados
El último censo del Inegi en la entidad reportó 118 mil 254 jóvenes con estudios de nivel profesional.
Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- La Secretaría de Educación y Cultura (SEyC) arrancará con una campaña intensiva para registrar a profesionistas del estado, ya que actualmente la cifra que se tiene es de apenas cinco mil 323 personas, esto a pesar de que el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), en el Censo 2010, reportó en la entidad 118 mil 254 jóvenes mayores de 18 años con nivel profesional, de los cuales nueve mil 431 tienen estudios de postgrado.
La jefa del Departamento de Profesiones de la SEyC, Gladys González Díaz, dijo que con el registro al Padrón de Profesionistas de Quintana Roo se busca ratificar la validez de las cédulas para ejercer alguna actividad en el estado; aunque, hasta la fecha no es obligatoria, por lo que tampoco se prevé alguna sanción.
Sin embargo, la intención es volverlo un requisito, ya que de esa manera se garantiza la autenticidad de los documentos que presentan algunas personas para ostentarse como especialistas en un área específica.
“Es importante que vengan a darse de alta, porque es una manera de ratificar la validez de los títulos. Cuando llegan aquí los documentos son cotejados con una base de datos. Si se han dado casos de que se han encontrado documentos apócrifos, pero es muy mínimo. En esos casos, si tenemos aquí el papel se pasa al área jurídica para que tome las acciones pertinentes”, destacó.
De acuerdo con las cifras de la SEyC, en la entidad están registrados legalmente 25 colegios, en donde sólo una mínima parte de los cinco mil 323 profesionistas está afiliada.
“Actualmente la pertenencia a un colegio, es una decisión libre del ciudadano, no es obligatorio, de los actuales son pocos los que están, para que un profesionista se afilie a un colegio debe cumplir primero con el registro al padrón estatal”, recalcó.
Precisamente a nivel nacional existe una propuesta de iniciativa denominada “colegialización obligatoria”, bajo el argumento de que ello solucionaría conflictos relacionados con una mala práctica, sobre todo en áreas como la salud y el ámbito jurídico.