21 de Mayo de 2019

Chetumal

Roberto Borge es vinculado a proceso por corrupción

Se ordenó prisión preventiva de dos años contra el exgobernador de Quintana Roo.

(Redacción/SIPSE)
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Redacción/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- Luego de 14 horas de audiencia, Roberto Borge Angulo fue vinculado a proceso esta madrugada por el cargo de “Desempeño irregular de la función pública” durante su gobierno, que se desarrolló entre 2011 y 2017.

El juez de control ordenó dos meses de investigación complementaria, que concluirá el 15 de julio próximo; y prisión preventiva justificada por dos años.

La comparecencia del ex mandatario se llevó a cabo a través de una videollamada que se enlazó desde el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi) del Estado Morelos a la Sala 2 del Juzgado Penal Oral del Poder Judicial del Estado.

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En esta comparecencia, la primera del ex mandatario en Quintana Roo desde que fue detenido en Panamá, se llevó a cabo la formulación de imputación y posteriormente los fiscales anticorrupción llevaron a cabo la solicitud de vinculación a proceso.

Durante la formulación de imputación, los fiscales le informaron a Roberto Borge que tenía, al menos, las acusaciones directas de Javier Zetina González y Carlos Acosta Gutiérrez.

En sus declaraciones, ambos aseguran que el ex mandatario los obligó a celebrar dos contratos, sin llevar a cabo el proceso de licitación, para la renta de aeronaves con la empresa Aerotaxi Villa Rica S. A. de C. V.

Para la solicitud de vinculación a proceso, la fiscalía presentó como datos de prueba los contratos celebrados el 5 de abril de 2011 y el 6 de diciembre de 2013.

Guillermo Barradas, defensor de Roberto Borge, explicó que sus pruebas son sólidas, debido a que tenían resoluciones federales en la que demostraban la inocencia de su cliente en la carpeta 151/2017, debido a la prescripción del delito.

No obstante, los fiscales argumentaron durante la comparecencia que para efectos del ex funcionario la prescripción no aplica para esta imputación, debido a que el delito empezó a causar efecto una vez que terminó su mandato (año 2016) y fundamentaron con el Artículo 160 de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo.

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