Redacción/SIPSE
PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Luego de 18 meses de estar en la cárcel acusada por el delito de malversación de recursos públicos y uso indebido de la función pública, la ex alcaldesa de Tulum, Edith Mendoza Pino, dejó las rejas ayer bajo caución, luego de dejar como fianza la hipoteca de un terreno, confirmó Fidel Villanueva Rivero, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

La ex funcionaria firmó su salida al filo de las 20:30 horas y salió de la cárcel sin dar declaraciones y arropada por sus familiares, subió a una camioneta Chevrolet color gris y dejó el lugar inmediatamente.

Libre bajo caución

De acuerdo con Villanueva Rivera, Mendoza Pino aportó la hipoteca de un predio valuado en cerca de 60 millones de pesos. De acuerdo con el código penal, dado que Mendoza Pino no cubrió en efectivo el pago de la fianza que le impuso el juez primero de lo penal, Nicolás Pinzón Ávila, por 20 millones de pesos, debió dejar un bien que fuera tres veces el valor de la fianza.

En agosto de 2013 el juez le concedió la libertad bajo caución con una fianza de 43 millones 121 mil 867.11 pesos, pero luego de una apelación de la defensa de Mendoza Pino se habría logrado reducir el monto a una cantidad cercana de 20 millones de pesos.

La investigación continúa

No obstante de su liberación, el proceso por malversación de recursos públicos y por el uso indebido de la función pública seguirá su cauce, de manera que tendrá que ir a firmar su caución mientras el juez determina si hay o no elementos en su contra y su defensa aporta más pruebas.

Delitos que se le imputan

Edtih Mendoza Pino fue detenida el 7 de diciembre del 2012 en cumplimiento de una orden de aprehensión librada en su contra por un juez local por el presunto delito de ejercicio indebido de la función pública al asignar obras públicas sin licitación, comprar de equipo y uniformes para la policía sin concurso, e incumplir con el pago de Seguro Social para los policías, según consta en la causa penal 332/2012 que llevó el Juzgado Primero de lo penal.

Además se le acusó de malversar 42  millones de pesos, según una denuncia que se hizo el 17 de octubre de ese año, según reveló Emiliano Novelo Rivero, auditor superior del Estado, en ese entonces, y dependencia que ingresó la denuncia: se trataba de contratar obra pública sin licitación en 20 millones 297 mil 705 pesos y por irregularidades en la recaudación de ingresos por 21 millones 059 mil 57 pesos.