16 de Diciembre de 2017

Cancún

Extitular de Educación y Cultura solicita amparo

Eduardo Alonso Ovando busca protegerse de posibles actuaciones judiciales en su contra.

Eduardo Alonso Ovando, extitular de la SEyC solicitó un amparo para impedir actuaciones en su contra. (Redacción/SIPSE)
Eduardo Alonso Ovando, extitular de la SEyC solicitó un amparo para impedir actuaciones en su contra. (Redacción/SIPSE)
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Mauricio Conde/SIPSE
CANCÚN, Q. Roo.- Otro integrante del gabinete del exgobernador Roberto Borge Angulo se amparó a través de la justicia federal para impedir las actuaciones del Juez Primero de lo Penal adscrito al Distrito Judicial de Quintana Roo.

Se trata de quien fuera titular secretario de Educación Pública, José Alberto Alonso Ovando, quien acudió ante el Juzgado Sexto de Distrito del estado de Quintana Roo para interponer su solicitud de Juicio de Amparo, misma que fue radicada bajo el expediente legal número 210/2017.

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Cabe destacar que desde el año pasado, Luis Echeverría Esquivel, secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de Quintana Roo (Siteqroo), reveló que existían indicios de la desaparición de más de 500 millones de pesos correspondientes al pago de créditos financieros.

En su oportunidad, el líder del Siteqroo dijo que “se trata obviamente de un fraude, con la venta por ejemplo de vehículos a los maestros y su pago vía nómina, donde el Siteqroo no suscribió ningún convenio con la Secretaría de Educación y Cultura (SEyC), y la empresa Abaco Etesa, que demandó la liquidación del costo de las unidades”.

También la actual titular de la SEyC, Marisol Alamilla, señaló que al menos 11 mil maestros tienen pagos vencidos con más de 15 compañías que les dieron créditos.

José Alberto Alonso Ovando encabezó un plan de reestructura de estos adeudos que enfrentó heredados desde la administración a cargo de Sara Latife Ruiz de Chávez, extitular de la SEyC.

Entonces Alonso Ovando prometió pagar en 15 meses pero únicamente logró liquidar una cuarta parte de la deuda sin que dejaran de hacerse los descuentos nominales a los maestros parte de esa dependencia del gobierno del estado.

Además, presuntamente el Juez Primero de lo Penal deberá dar seguimiento a los resultados de la Auditoría Superior de la Federación que detectó irregularidades por 391 millones de pesos en materia de educación en el estado de Quintana Roo.

En este rubro está considerada la cantidad de 210 millones de pesos procedentes del Fondo de aportaciones Múltiples (FAM), que derivaron en operaciones carentes de justificantes y que se reportaron como pendiente de aclaración por parte de quienes ejercieron estos recursos.

Dichos apartados de recursos presupuestales corresponden a fondos federalizados adscritos al citado FAM, como también al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, y al programa de Escuelas de Tiempo Completo.

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