Alejandro Castro/SIPSE
CANCÚN, Q. Roo.- La enfermedad del síndrome blanco, que en año y medio ha matado más del 40% de los corales en el Caribe mexicano, debe ser declarada contingencia ambiental, consideró Lorenzo Álvarez Filip, científico de la Unidad de Sistemas Arrecifales de la UNAM.

Durante la presentación de las nuevas guías de especies en la región de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), el especialista expuso que de las más de 20 especies afectadas por este patógeno, cuya causa aún se desconoce, alrededor del 50% ya están muertas y un 20% están enfermas, con inminente riesgo de morir.

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Incluso, hay especies cuya mortandad ya es superior al 98%, de modo que sin la intervención humana no podrán volver a reproducirse localmente.

“Desde mi trinchera, yo puedo decir que esto es una emergencia desde hace varios años”, advirtió el investigador.

Apuntó que ya las autoridades ambientales locales de la Conanp exploran las posibilidades de esta declaratoria oficial, que implicaría el destino de recursos para combatir sus impactos.

No obstante, añadió que una declaratoria si bien ayuda en el tema económico, no implica la imposición de legislaciones más estrictas o el cumplimiento de las reglas ya existentes, que es en esencia el problema de origen.

Refirió que el mal manejo de los recursos naturales, derivado de un crecimiento tan acelerado en Quintana Roo, es algo que se fue agravando desde años atrás y hoy se ve reflejado en la salud del ecosistema marino.

“En el contexto de la emergencia, es una responsabilidad compartida entre autoridades y desarrolladores”, dijo.

El Banco Mundial destina recursos para el Sistema Arrecifal

El Banco Mundial, a través del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés) apoyará las acciones de protección y conservación del Sistema Arrecifal del Caribe Mexicano.

Yadira Gómez Hernández, titular de la Dirección Regional de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), indicó que el proyecto “De la cuenca al arrecife” será aplicado en 2020 en Quintana Roo, y está vinculado con la afectación de las urbes costeras a los ecosistemas marinos.