Sistema Anticorrupción, condenado al fracaso

Los funcionarios corruptos elegirán la ley donde tengan aliados que los dejen en libertad.

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Realizan en Cancún conferencia anual de Latinoamericana sobre Delitos Financieros. (Luis Soto/SIPSE)
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Stephani Blanco/SIPSE
CANCÚN, Q. Roo.- El Sistema Nacional Anticorrupción está condenado al fracaso ya que de no homologar los marcos regulatorios estatales con los federales dará un margen a que los funcionarios corruptos elijan en cual refugiarse sin ser condenados.

Al existir una ley nacional y 32 estatales dará pie a que si un gobernador o funcionario desvía recursos tanto federales como estatales sólo podría ser juzgado por uno, ya que en México no se puede perseguir dos veces a una persona por el mismo delito, siendo la estatal la que elegiría si tiene aliados que lo dejarían en libertad, y la federación quedaría inhabilitada para perseguirlo, explicó Francisco José de la Portilla Sordo, fundador de la Asociación de Expertos en Prevención de Lavado de Dinero y asesor patrimonial de Pemex, en el marco de la décimo primera conferencia anual de Latinoamericana sobre Delitos Financieros que se realiza en Cancún.

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Cada estado debe crear un sistema armónico con el federal, lo que implica un mayor esfuerzo, pero muchos congresos estatales realizaron trabajos al vapor, además de que fueron hechas a modo para que no sean perseguidos cuando dejen el cargo.

“Los sistemas anticorrupción deberán parecerse cada vez más hasta que llegue un momento en que acaben absorbidos por una misma ley, lo cual debía ser así desde el principio, sin embargo, el legislador federal no quiso invadir las esferas de los estados”, agregó Portilla Sordo.

Para él, aunque es un avance, tiene muchos “peros” y los únicos beneficios son que incorpora a la sociedad, y la creación de una Plataforma Nacional en la que cada entidad va a alimentarla con información de a quién inhabilitan.

En cuanto a los comités de participación ciudadana deberán ser cautelosos, ya que pueden terminar siendo cuotas partidarias, que los partidos los impongan; o que las personas lo utilicen como un reflector para después tener un puesto de elección popular.

“El supuesto es que funcione el sistema, los comités están obligados a llamar las cosas como son; si existe un político corrupto, que así sea tratado, ya que actualmente los están premiando y esta práctica más bien está dando un cierto estatus”, concluyó.

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