Claudia Martín/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- Los jóvenes del Centro de Internamiento para Adolescentes (CIPA) requirieron de asesorías jurídicas, luego de que personal de la Comisión de los Derechos Humanos en Quintana Roo realizara una visita de supervisión la semana pasada.

De acuerdo con el presidente del organismo, Harley Sosa Guillén, el centro tiene una capacidad para 116 personas, cuanta con 30 celdas y sólo hay 17 jóvenes internos, todos hombres.

Algunos menores se encuentran cumpliendo con otras medidas externas impuestas por los juzgados como residencia en lugar determinado, seguir con sus estudios, permanecer en un empleo. 

“Las principales dudas que tienen son respecto a sus procesos. Quieren conocer en qué situación están y sí ya han sido o no sentenciados, básicamente cuestiones jurídicas”, refirió. 

El ombudsman señaló que además de la asesoría, durante la visita se evaluaron los aspectos que garantizan la integridad física y moral del interno, los aspectos que garantizan una instancia digna, las condiciones de gobernabilidad y los grupos de internos con requerimientos específicos

Verificación del Centro 

“Verificamos la capacidad, la distribución, la separación de la población, aunque aquí sólo hay hombres, otro aspecto importante es la higiene de las instalaciones para alojar a los internos, del área médica, cocina y comedor. En el caso de gobernabilidad se evalúa la normatividad del centro, el personal de seguridad y custodia, las funciones de las autoridades, la ausencia de actividades ilícitas, la ausencia de cobros, la capacitación del personal”, dijo. 

Detalló que el tema de reinserción social del interno es prioritario porque se califica la integración del expediente administrativo de ejecución, la clasificación criminológica, la separación de procesados y sentenciados, el funcionamiento del Comité Técnico Interdisciplinario de Evaluación del Adolescente, las actividades de capacitación, las actividades educativas, las actividades deportivas, la vinculación del interno con la sociedad. 

Sosa Guillén agregó que al momento de la revisión, que tuvo una duración de tres días,  no se encontró grupos vulnerables como mujeres, personas indígenas, con discapacidad, internos que viven con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH-Sida), personas con preferencias sexuales diferentes o internos con adicciones.