Adrián Barreto/SIPSE
PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Entre 2010 y 2014 el servicio de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) adolecía de una baja presión en el agua potable, lo que obligó a sus usuarios a instalar cisternas y bombas; pese a ello y a la morosidad, los planes de inversión en infraestructura tenían una planeación similar a la que ha ejecutado Aguakan en dos años, empresa a la que sin ningún argumento técnico le fue concedida la concesión de un servicio que para la comunidad es igual pero más cara.

En septiembre del 2014 la entonces gerente del organismo en Solidaridad, María Eugenia Vivas Ávila, anunció que para hacer frente a los problemas de presión ya tenía contemplado inyectar 120 millones de pesos en una primera fase de la nueva zona de captación con cinco pozos y su tubería de distribución que se ubicaría al norponiente, cerca de lo que ahora es Ciudad Mayakoba.

CAPA había previsto que esa obra estaría lista para el 2016, y aunque Aguakán tendrá que construirla, no hay una fecha exacta para ello. Cuando se concretó la concesión de parte del gobierno a Aguakán ya se habían instalado cuatro pozos que se sumaron a los 22 que habían existido siempre y se planeaban otros cuatro para hacer un total de 30 que estarían listos junto con los cinco de la zona norponiente.

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Actualmente no existen 30 pozos, sino únicamente 28, dos más de los que tenía CAPA cuando dejó de dar el servicio, según información de Aguakán.

Aunque no ha ejecutado esa nueva zona de captación, a través de su departamento de Comunicación Social se informó que en 2015 se invirtieron 41.87 millones de pesos, en 2016  120.64 y en lo que van del 2017 17.69.

Sin argumento legal 

Gerardo Mora Vallejo, director general de la CAPA, se ha negado a facilitar los estados financieros de la CAPA hasta antes de la entrega que el gobierno hizo del servicio a Aguakán, pero para Juan Carlos Beristain Navarrete, actual síndico municipal y quien integra la comisión especial para revocar la concesión, dijo que no han encontrado argumento legal o técnico para hacer la concesión.

Incluso CAPA llegó al 2014 con una calificación A, superando la A- que le otorgó en junio del 2013 Fitch Rating, lo que demuestra una constante mejoría crediticia y por ende financiera, pues en 2011, según –incluso presumido por el gobierno de Roberto Borge- la calificadora le había otorgado una BB+.

El 12 de noviembre del 2014 el Consejo Directivo de la CAPA aprobó que Desarrollos Hidráulicos de Cancún S.A. de C.V. (Aguakán) brinde en Solidaridad e Isla Mujeres, además de la renovación de Cancún, los servicios de agua potable, alcantarillado y drenaje hasta el año 2053. Esa aprobación, que fue signada con el expediente EXTRAORD/2014/011 y turnado al Cabildo de Solidaridad, que el lunes 8 de diciembre avaló la propuesta.

Testigos del estampe de las firmas aseguraron que la décima segunda sesión extraordinaria de Cabildo no se llevó a cabo. Trece de los 15 regidores llegaron poco a poco y como iban entrando firmaban el documento, y estaban ahí presentes Mauricio Góngora Escalante, entonces presidente municipal y Juan Carlos Pereyra Escudero, secretario general.

No acudió a ahí Laura Beristáin Navarrete, actual diputada local y entonces regidora, ni su compañero Orlando Muñoz Gómez. Cuando éste hizo campaña en 2016 para la diputación respondió a la comunidad que lo hizo “por presiones”, mientras que Baristáin negó haberse enterado.

Hubo una partida en la que salieron perdiendo los regidores que firmaron. Le dieron a cada uno alrededor de 70 mil pesos por avalar la concesión de Aguakán, y no podían no negarse pues sabían que todo estaba orquestado desde las altas esferas del Gobierno del Estado que encabezaba Roberto Borge Ángulo; días antes habían sido avisados por operadores del entonces gobernador.

Nadie se opuso. Con el tiempo varios regidores reconocieron que no se les entregó copia de esa acta, no hay fotos ni hubo versión estenográfica porque todo fue fingido y ni siquiera fotos les dejaron tomar de lo que habían aprobado. Llegaron rondando las 8:00 de la noche y no estuvieron más de 15 minutos en la sala de Cabildo.

El gobierno que sucedió al de Góngora Escalante y que encabeza Cristina Torres Gómez, tomó la revocación de Aguakán como bandera y plataforma política en su campaña electoral, pero a seis meses de haber iniciado su administración ese es un tema estancado, y en pasillos del Ayuntamiento ya se dice que no se logrará revertir la concesión, pues implicaría devolver los mil 50 millones de pesos que pagó Aguakán al Gobierno del Estado como contraprestación.