Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- El estado de Quintana Roo llegará al Proceso Electoral Ordinario 2018 con magistrados electorales blindados contra la Constitución y las leyes locales, y que a pesar de las decisiones que tomen no podrán ser sujetos a responsabilidad política.

La Suprema Corte de la Justicia de la Nación resolvió hace unos días, la acción de inconstitucionalidad 86/2017 promovida por el Partido Acción Nacional (PAN) ante el máximo tribunal del país, mediante el cual se pretendía incluir nuevamente a los magistrados del Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) como sujetos a juicio político a nivel local.

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 En mayo pasado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó, al resolver un juicio presentado por los tres magistrados, que el Congreso Local no tenía facultades para enjuiciarlos en caso de violaciones graves a la Constitución Local.

Ante esa situación, la XV Legislatura en sus más recientes reformas aprobadas, modificó la lista de servidores públicos que son sujetos a juicio político, de la cual, fueron eliminados los magistrados del Teqroo, encabezado actualmente por Nora Leticia Cerón González.

Inconforme con la modificación a la Constitución, el PAN recurrió ante la SCJN, en un intento por revertir la decisión del Trife.

No obstante, en la sentencia de la SCJN, del 7 de diciembre, resolvió que es procedente, pero infundada la acción de inconstitucionalidad.

Para los ministros de la Suprema Corte, los magistrados no quedan impunes porque serían sujetos a juicio político por parte del Senado de la República, aunque la preocupación a nivel local es que la Carta Magna federal establece como una de sus causales el manejo irregular de recursos públicos federales, algo que no sucede en el caso del Teqroo.

De esa manera, dos solicitudes de juicio político contra Víctor Vivas Vivas, magistrado del Teqroo, tendrán que ser desechadas por el Congreso del Estado, toda vez que la Comisión de Justicia esperaba la sentencia de la SCJN.

Los magistrados fueron exhibidos, en su momento, mediante audios de haber estado sujetos a las órdenes de Roberto Borge Angulo, ex gobernador de Quintana Roo, durante el proceso electoral pasado.

Para Mayuli Martínez Simón, presidenta de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, dijo que se trata de una decisión irreversible y lamentable, pero que se tendrá que acatar, al ser la SCJN la última instancia en México.