Teresa Pérez/SIPSE
CANCÚN, Q. Roo.- Ante la problemática que se vive en el país de casas que han sido abandonadas y que originan focos de inseguridad para quienes habitan en el lugar, el Senado de la República cocina la recuperación de estas viviendas, mismas que podrían destinarse al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) para su reactivación.

De las 100 mil viviendas en abandono por créditos vencidos que registra el Instituto a nivel nacional, más de cinco mil se contabilizan en Quintana Roo, y de éstas, la mitad fueron adquiridas por créditos del Infonavit.

De acuerdo con autoridades de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), este segmento deberá diferenciarse, pues hay una gran parte de las viviendas en dicho rubro que aunque se encuentren deshabitadas, los propietarios siguen pagando mes con mes su inmueble y todos sus servicios, el resto a diferencia de los primeros, dejaron de pagar sus viviendas, explicó Manuel Campos, gerente estatal.

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Desde 2013, el entonces director general del Infonavit, Víctor Manuel Borrás Setién, e integrantes de la Comisión de Vivienda de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, en una mesa de trabajo, el tema de las viviendas abandonadas era prioridad, en ese año, el Instituto reportaba 41 mil 622 casas vacías o en abandono, dos años después el titular actual, Alejandro Murat Hinojosa, reportó que el número de viviendas deshabitadas era aproximadamente de 100 mil viviendas, resultado de la cartera vencida de 5.2% que lleva arrastrando el Instituto.

La iniciativa que se gestiona ahora en el Senado de la República, se encuentra en análisis para aprobación, que se logre la aprobación dará oportunidad al Instituto para recuperar viviendas y desplazarlas rápidamente.

Actualmente la Ley establece que para recuperar la vivienda se debe lograr un acuerdo con los derechohabientes, y que éste entregue la vivienda y se le deslinde de la deuda, de lo contrario si no hay forma de localizarlo, se realiza un proceso judicial que tardará entre seis y cuatro años.