Firme, la regulación de venta de tortilla en Solidaridad

En caso de ser necesario, los comercios serán acreedores a las sanciones administrativas

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(Daniel Pacheco/SIPSE)
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Daniel Pacheco/SIPSE
PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Miguel Alejandro Pino Murillo, director estatal de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en Quintana Roo, aseguró que no se ha “echado marcha atrás” en cuanto a la regulación de la venta de tortillas en la tiendas de abarrotes en el municipio de Solidaridad.

El funcionario señaló que no se ha reculado en ningún aspecto sobre el tema y que se está verificando que la tiendas cuenten con el dictamen obligatorio para determinar la procedencia del producto y verificar que el producto esté inocuo. 

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(Daniel Pacheco/SIPSE)

Esto después de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo (Canaco ServyTur) de Playa del Carmen difundiera de manera unilateral desde su cuenta en redes sociales que; a consecuencia de sus exigencias la Cofepris había retrocedido en sus medidas de regulación y de ordenamiento.

“No se dio ninguna marcha atrás por parte de la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios, solo vamos a verificar que la tienda tenga el dictamen para determinar la procedencia del producto  y verificar que el producto este inocuo. Como tal no va haber ninguna limitación de distancia, pero no es el aviso de funcionamiento es el dictamen sanitario de procedencia con el que deben contar las tiendas para saber la procedencia del producto”, explicó el funcionario.

(Daniel Pacheco/SIPSE)

Subrayó que con dicho documento las tortillerías dan la autorización a las tiendas para vender su producto y tener así la procedencia del producto en cuidado de la audiencia de la ciudadanía

Pino Murillo recalcó que ante las irregularidades en este momento se mantendrá como criterio realizar únicamente el aseguramiento del producto, amonestación y apercibimiento de quienes sean sorprendidos, sin embargo, en el caso de detectarse situaciones de reincidencia, los comercios serán acreedores a las sanciones administrativas mediante multas económicas entre las 200 y 800 UMAS (Unidad de Medida y Actualización).

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