Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- La Fiscalía General del Estado estableció un plazo de 72 horas para que el Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública (IPAE) y el Registro Público de la Propiedad remitan los expedientes de predios vendidos irregularmente.

El pasado 14 de noviembre, la Secretaría de la Gestión Pública presentó una demanda penal por hechos probablemente constitutivos de delitos en contra de quien o quienes resulten responsables, entre ellos, Roberto Borge Angulo, exgobernador del Estado, y quienes estuvieron al frente del IPAE, además de otros ex servidores públicos.

Lo anterior por la venta irregular de al menos 20 predios de la Reserva Territorial del Estado y que pasaron a manos de particulares, presuntamente a precios por debajo del costo real.

También te puede interesar: La Auditoría Superior del Estado hizo revisiones ‘por encimita’

Al respecto, Carlos Arturo Álvarez Escalera, titular de la Fiscalía, dijo que el requerimiento de los expedientes se realizó desde el pasado 15 de noviembre, un día después de presentada la demanda.

“Pedimos los expedientes desde el día siguiente de la denuncia y ayer se realizó un recordatorio, porque aún no lo tenemos. De ahí la urgencia y es por eso que se puso un término”, señaló Álvarez Escalera.

Dijo que es necesario contar con esa información para poder continuar con la revisión e investigación de las pruebas que permitan determinar alguna responsabilidad. 

Por otra parte, el funcionario confirmó que existe otra denuncia penal contra exfuncionarios en el municipio de Solidaridad, presentada por una organización civil, aunque no quiso dar mayores detalles.

“Tenemos una en Playa del Carmen que fue interpuesta por una asociación, es por peculado y enriquecimiento ilícito, pero ahora tenemos una figura que se llama presunción de inocencia y es por eso que no puedo decir más”, aseguró el funcionario.

En su oportunidad, la asociación civil ‘Somos Tus Ojos’ y ‘Ciudadanos Organizados por Quintana Roo’, denunciaron públicamente el presunto desvío de 61.5 millones de pesos correspondiente a ocho obras en Playa del Carmen.

Procedimiento legal

Según la Ley de Entrega y Recepción de los Recursos Asignados a los Servidores Públicos de la Administración Pública y de los Ayuntamientos vigente en el estado de Quintana Roo, una vez firmadas las actas de entrega-recepción de cada dependencia, existe un plazo de 60 días hábiles para la revisión de los informes correspondientes y, en su caso, llamar a comparecer al exfuncionario involucrado, que tendrá 15 días para entregar la aclaración del caso.

Posterior a esa fecha, la autoridad podrá proceder a interponer demanda ante la instancia correspondiente.

Esto lo explicó en su oportunidad Rafael Del Pozo Dergal, secretario de la Gestión Pública.