Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- Diputados de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta del Congreso Local, entregaron a la Secretaría de la Gestión Pública, los expedientes de las irregularidades encontradas en el caso de VIP Saesa.

El grupo de legisladores, encabezados por Emiliano Ramos Hernández, presidente de la Comisión, se reunió con el titular de la dependencia, Rafael del Pozo Dergal, a quien solicitaron proceder las acciones legales correspondientes.

Fue al menos media docena de cajas que contienen documentación relacionada con contratos y facturas referentes a la subcontratación de aeronaves para el transporte del exgobernador, Roberto Borge Angulo, familiares y amigos.

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La información encontrada por el Congreso local, producto de las comparecencias, revelaron un manejo irregular de recursos económicos por 320 millones de pesos y otros 40 millones de dólares, para la renta de aviones.

“Lo que buscamos es que las pruebas que tenemos como Congreso pueda ser utilizada para iniciar acciones legales en contra de exfuncionarios, principalmente del Consejo de Administración encabezada por Roberto Borge”, señaló el diputado.

Rafael del Pozo Dergal, titular de la Gestión Pública, indicó que personal de la instancia se avocará al análisis de los documentos para proceder a determinar posibles responsabilidades, tal como se ha hecho en otros casos.

Corrupción

Tanto para el funcionario como para los diputados locales, se trata de irregularidades solapadas por las instancias que tenían la responsabilidad de vigilar el correcto manejo de los recursos económicos, como la Auditoría Superior del Estado.

“Todo lo que estamos detectando y denunciando se cometió en años anteriores, pero que en las cuentas públicas no tuvieron ningún tipo de observación por parte de la Auditoría”, mencionó.

En el caso de las irregularidades encontradas por los diputados locales, iban a ser observadas a través de la Auditoría Superior del Estado, sin embargo, ante la falta de confianza en el actual titular, el Congreso determinó solicitar la intervención de la Secretaría de la Gestión Pública.