Por lo general, la primera institución en quien confiamos es la policía, luego el ejército y la Iglesia. Al menos así lo señalan encuestas al respecto. La más reciente sigue manteniendo a las fuerzas armadas -con la Marina al frente- como las más confiables, a pesar de los pesares.

Hace casi 15 años fue creada una institución que se consideraba debería ser la defensora, por antonomasia, de los mexicanos, pero que no ha podido lograr lo que ha pedido a los ciudadanos: confianza.

Me refiero a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), creada el 6 de junio de 1990, y que a la fecha ninguno de los cinco que la han presidido, entre ellos una mujer, ha logrado que el Ombudsman nacional sea un verdadero abogado de los mexicanos.

Más aún, la CNDH se percibe más cercana al Poder Ejecutivo y en confrontación con  las ONG defensoras de los derechos más elementales de la gente. Cada uno de los Ombudsman ha tenido momentos oscuros en su actuación, aunque sobresale el actual, Raúl Plascencia Villanueva.

A pesar de sus desaciertos, en 2010 se le otorgó a la CNDH la potestad de investigar casos graves de violación a los derechos humanos, con la consigna de que “ninguna autoridad podrá negarle información para ejercer su nueva facultad”. Facultad que no hace valer, como señalan los hechos en Tlatlaya y en Iguala (por mencionar los más recientes), en donde organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Human Rights Watch sí han alzado la voz y señalado deficiencias en las investigaciones.

De ahí que en la Encuesta sobre Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública  del  Inegi nunca figura el Ombudsman nacional entre las instituciones más confiables, y quizás por eso muchas voces piden ya su reestructuración o, en el extremo, su desaparición, porque, se argumenta, cuesta mucho y de poco sirve.

No sólo con conferencias o la difusión de sus facultades es como la CNDH debe acercarse a la gente, tampoco es suficiente suscribir acuerdos en la materia, sino actuando en primera instancia cuando perciba que se conculcan los derechos de la gente, porque la confianza no se pide… se gana.

Anexo "1"

'El Pericón', otro botón de muestra...

El 16 de agosto de 2013, publiqué lo siguiente en mi colaboración "La CNDH y el Pericón":

"Esta semana, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNHD), Raúl Plascencia Villanueva, solicitó al Congreso de la Unión modificar un articulado del Código de Justicia Militar para que la autoridad civil pueda conocer delitos cometidos por militares en perjuicio de particulares.

Se insiste en algo que se lleva a la práctica. Ahí está el caso de los generales Dauahare y compañía, que solo con la declaración de un “testigo protegido” estuvieron presos acusados falsamente de nexos con el crimen organizado. Jueces civiles conocieron el caso, como otros de presuntos abusos de militares en actos del servicio o fuera de él.

Pero no sabemos que el Ombudsman se haya pronunciado por la retención de soldados en El Pericón, municipio de Tecoanapa, Guerrero, cuando policías comunitarios pretendieron impedir el decomiso de sus armas por parte de militares a quienes retuvieron por más de 30 horas. 

Raúl Plascencia ignora así los derechos de quienes exponen su seguridad al realizar actividades que por ley corresponden a las autoridades civiles. Está más empecinado en mandar con jueces civiles a soldados y marinos implicados en hechos con “paisanos”, pero no en que los civiles respeten a las milicias en el ejercicio de sus funciones.   

(...) El titular de la CNDH sabe que las leyes se aplican por igual a civiles y militares, pero la retención de soldados en la comunidad guerrerense –que pudo ser de fatales consecuencias– no le mereció el más mínimo comentario".