La investigación que encargó el presidente a su subordinado Virgilio Andrade es por sí misma un caso de conflicto de interés, por lo que el recién nombrado secretario de la revivida Secretaría de la Función Pública debe abstenerse; además, el mandatario se exoneró en el caso de su casa y la de su esposa.

Una persona incurre en conflicto de intereses cuando “podría guiar sus decisiones o actuar en beneficio propio o de un tercero. Y que usar a las personas como medio para lograr determinado fin no se considera un comportamiento ético”. Las propuestas de Peña Nieto son dignas de Perogrullo, pues deberían ser condición sine qua non para ser servidor público, y no por decreto, como se pretende en el punto 2 de su propuesta: “Crear una unidad especializada en ética y prevención de conflictos de interés”.

Todo esto tiene su origen en lo que declaró Virgilio Andrade y que bien tituló Sipse.com: “Ofrece lo que nadie ha logrado: acabar con la corrupción”. Porque el uso y abuso del poder no se ha podido erradicar, y un funcionario “de poco calado” –como lo definió Jorge Castañeda– difícilmente lo logrará.

Al respecto, nos viene a la memoria el lema de campaña de José López Portillo: “La solución somos todos”, luego la palabra solución la cambió el pueblo por “corrupción”, que fue el sello de su presidencia, pues hubo toda clase de excesos, desde su familia hasta sus colaboradores. Entre los casos emblemáticos recordemos el del “Negro” Durazo al frente de la policía, a quien incluso hizo general, y el de Jorge Díaz Serrano en Pemex, empresa que se nos prometió daría la bonanza a México… y seguimos esperando.

Como sigue la espera de la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción que prometió EPN en noviembre de 2014, ya  presidente electo, y luego de que en enero de 2013 desapareciera la Secretaría de la Función Pública. Insistimos, no es con decálogos, sino con la observancia de las leyes como pueden acabarse la corrupción y el conflicto de interés. Pero es cuestión de querer… y parece que no se quiere.

Anexo "1"

Hasta en las fuerzas armadas

En ese sexenio de JLP (1970-1976), la corrupción permeó incluso en las Fuerzas Armadas, donde –hablo de lo que nos tocó vivir– algunos comandantes de barcos y unidades en tierra dispusieron a su antojo del presupuesto para gastos, además muchos desempeñaron el papel de pagadores y despenseros (nunca como en ese sexenio el “rancho” estuvo peor en la Armada).

En las unidades de Infantería de Marina, la Ayudantía era una especie de “caja chica” de los comandantes, ya que para salir de partida, destacamento o a un servicio (o para no ser enviado) e incluso para disfrutar vacaciones, había que “entrarle” con el Ayudante.

Hay que reconocer que el siguiente sexenio todo empezó a cambiar, pues se dispuso que los pagadores fueran oficiales de Intendencia Naval, no del Cuerpo General, y que el dinero de la alimentación fuera administrado por el despensero. Además, las inspecciones de la Contraloría se hicieron más frecuentes y al paso de los años se han establecidos rigurosos controles y lineamientos para evitar conductas y prácticas ilícitas. En suma, solo se aplican las leyes y reglamentos militares, como debió hacerse siempre.