No soy experto en temas militares y menos en armas de fuego –que me dan miedo-, pero tampoco soy ingenuo ni espero que de aquí a muchos siglos –si es que ocurre- las podamos erradicar de la faz de la Tierra, de modo que son un mal necesario en algunos casos, como es el de la defensa de la legalidad e institucionalidad  y el Estado de Derecho.

No puedo imaginarme –a guisa de ejemplo- a un ejército peleando con otro sin armas que más o menos equilibren las fuerzas y le permitan alcanzar la victoria, o a los cuerpos de seguridad interior luchando con tirahules, arcabuces o butbidzones contra malandrines armados con lo más moderno del arsenal disponible en el mercado. La fragilidad del Estado va en relación directa con la debilidad de su ejército.

Todo esto viene a cuento por un artículo de nuestro colega Daniel Uicab Alonzo (06-07-14) que habla precisamente de las normas y requisitos que se le imponen a las fuerzas armadas en el uso de los instrumentos bélicos que les otorga el Estado para garantizar la seguridad de los ciudadanos. 

Y no digo que esté mal toda la vigilancia y control que se pueda ejercer para evitar abusos, pero esas severas restricciones ponen en pie de desigualdad  a quienes son depositarios del ejercicio de la violencia institucional para combatir el mal. No se trata de tener el dedo alegre, pero hay que tomar en cuenta que pelean contra gente de mala entraña.