La ex presidente municipal de Solidaridad, Laura Beristain Navarrete, dejó sin solventar 46 millones 579 mil 698 pesos de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019, por lo que podría enfrentar sanciones por parte de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo.

El reporte de la Aseqroo revela que fueron 102 millones 672 mil 165 pesos los que le observaron en ese año, de los cuales, solo pudo explicar el destino de 56 millones 92 mil 466 pesos, al corte realizado el pasado 6 de septiembre.

La ex alcaldesa y hoy regidora de Solidaridad fue la única que registró cuentas pendientes de esta magnitud con la Auditoría, de las 11 administraciones municipales.

Según el reporte de la Aseqroo entregado al Congreso en febrero pasado, las observaciones fueron por falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne los requisitos fiscales por conceptos que van desde servicios de arrendamiento, impartición de cursos, “adquisición de regalos”, además de “celebrar el Día del Médico”.

También se observaron presuntas irregularidades en la organización de eventos, la contratación de “servicios profesionales” y la adquisición de materiales y suministros, incluso gastos relacionados con el servicio de alimentos.

El diputado José de la Peña Ruiz de Chávez, presidente de la Comisión Legislativa de Hacienda del Congreso local, puntualizó que la Auditoría dará seguimiento a este proceso, y en caso de que no se solventen las observaciones pendientes, se fincarán responsabilidades en contra de los funcionarios que hayan incurrido en estas faltas.

Sin embargo, puntualizó que esta será una facultad exclusiva de la Aseqroo, ya que una reforma del 2019 que homologó las leyes estatales con la Federal, estableció que este ente es el único con las facultades para auditar y sancionar en este tipo de asuntos.

Los datos revelados durante las reuniones realizadas en el Congreso, señalan también que seis universidades públicas de la entidad tampoco explicaron el ejercicio de casi nueve millones de pesos durante el 2019. Mientras que otros organismos y dependencias estatales deben solventar otros 18 millones de pesos de importe financiero.

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