MÉRIDA, Yucatán.- Carlos "N", quien fue asesinado a balazos el domingo 31 de enero pasado en el fraccionamiento Dzoyolá de Kanasín, apenas tenía 54 días de haber recobrado su libertad, pues obtuvo la suspensión condicional por el delito de ataques peligrosos.

Además, enfrentaba otro proceso federal por la portación de armas de uso exclusivo del Ejército.

Sobre el asesinato, la Fiscalía General del Estado y la Policía Estatal de Investigación realizan las indagatorias para dar con el responsable, a quien supuestamente ya identificaron.

Sobre los antecedentes penales de Carlos "N", quien en el momento de ser asesinado tenía 44 años de edad, figura el ataque a disparos contra Danny Gabriel "N" ocurrido en agosto de 2020 en el fraccionamiento Juan Pablo II, en el poniente de Mérida. En esa ocasión, se dijo que el móvil fue una deuda relacionada con el narcomenudeo.

El caso fue turnado al juzgado segundo de control de Mérida, donde los fiscales formularon los cargos de ataques peligrosos y portación de armas e instrumentos prohibidos.

En la acusación, los fiscales indicaron que Carlos fue la persona que el día 8 de agosto de 2020, aproximadamente las 17:05 horas, disparó un arma de fuego sobre el agraviado Danny Gabriel, cuando éste se encontraban a las puertas de un predio en la calle 21 del fraccionamiento Juan Pablo II, de Mérida.

Posteriormente se fugó, ante lo cual el agraviado dio aviso a la Policía, que logró su arresto y le confiscó el arma de fuego, cinco cartuchos útiles y un cargador; nunca pudo justificar la posesión del arma, sea por actividades laborales o recreativas; tampoco exhibió el permiso correspondiente para portarla.

Auto de vinculación 

El día 15 de agosto de ese año, la juez segundo de control, Ileana Domínguez Zapata, dictó el auto de vinculación por el delito de ataques peligrosos y se declaró incompetente por la portación, ya que el arma era de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

La juez turnó el expediente por el arma al Ministerio Público Federal para continuar con la indagatoria, así como también decretó la medida cautelar de prisión preventiva por los ataques peligrosos.

El 8 de diciembre de 2020, obtuvo la suspensión condicional del proceso por un lapso de seis meses con una serie de requisitos que el acusado debía cumplir.

Por ello, Carlos tenía 54 días de haber abandonado el Centro de Reinserción Social del Estado, cuando fue asesinado a las puertas de su casa en el fraccionamiento Dzoyolá, de Kanasín.

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