Gustavo Villegas/SIPSE
COZUMEL, Q. Roo.- Hasta nueve años de prisión puede alcanzar quien resulte responsable de la investigación que inician autoridades ambientales federales por el traslado de decenas de tortuga marina en la zona oriental a un hotel en la costa poniente de la isla.

Guadalupe Álvarez Chulim de Azueta, presidenta del grupo ambientalista Cielo, Tierra y Mar, A.C., manifestó que el artículo 420 del Código Penal Federal así lo establece. Los funcionarios municipales involucrados en el mal manejo de especímenes del campamento tortuguero “San Martín”, son los titulares de la Subdirección de Ecología y del Centro de Acopio de Materiales Reciclables (Camar).

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La ambientalista lamentó que la presente administración municipal de nuevo demuestre que no tiene personal capacitado para hacer el trabajo en las diferentes áreas que la conforman y recordó el caso de los perros sacrificados en febrero pasado por el personal del Centro de Control Animal y Zoonosis.

El lunes, el presidente de la Comisión de Turismo y Ecología del Ayuntamiento de Cozumel, presentó ante la Contraloría una solicitud para que se investigue a Elsa Mercedes Arcila Torres, subdirectora de Ecología, y a Lemuel Manases Mena Vega, director de Camar, quienes se presumen están involucrados en la movilización de decenas de ejemplares de tortugas bebés de la zona oriental para ser liberadas en el hotel Secret Aura en la zona poniente de la ínsula.

Guadalupe Álvarez manifestó que las actividades de manejo de tortugas marinas en playas de anidación dentro de Áreas Naturales Protegidas, deben apegarse al decreto y al Programa de Manejo correspondientes, en lo cual tiene injerencia la Conanp.

Por otra parte, dijo que de acuerdo con el Código Penal Federal en su artículo 420, se impondrá pena de uno a nueve años de prisión a quien ilícitamente (inciso 1) capture, dañe o prive de la vida a algún ejemplar de tortuga o mamífero marino, recolecte o almacene de cualquier forma sus productos o subproductos.

Agregó que el inciso II de este articulo subraya que quien capture, transforme, acopie, transporte o dañe ejemplares de especies acuáticas declaradas en veda, se le aplicará una pena adicional hasta de tres años más de prisión cuando las conductas descritas en el presente artículo se realicen en o afecten un Área Natural Protegida o cuando se realicen con fines comerciales.

La ambientalista destacó este último punto, ya que se cuenta con informes de que por la liberación de tortugas en el centro de hospedaje se captaron ingresos económicos.