Octavio Martínez / SIPSE
Chetumal, Q. Roo.- Mauricio Góngora Escalante, ex presidente municipal de Solidaridad, obtuvo arraigo domiciliario como medida cautelar por el delito de desempeño irregular de la función pública relacionada con la carpeta 53/2019, en la que se le acusa  de un desvío de 51 millones 650 mil 536 pesos, sin embargo continuará preso por otros delitos de los que le acusa.

La audiencia en la sala de los Juzgados Orales Penales, fue realizada la mañana de ayer. En el desahogo de pruebas por parte de la defensa en torno a la carpeta de investigación 53/2019, estuvo presente Omar Sánchez Cutis, síndico municipal de Solidaridad, quien confirmó también la vinculación a proceso del ex funcionario.

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Fue la semana  pasada que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción anunció que fue interpuesta una nueva demanda en contra  de Góngora  Escalante, luego que el mes pasado  ganó un amparo contra el delito  de Peculado.

De acuerdo con información del síndico municipal, al ex munícipe le encontraron anomalías en 53 contratos de prestación de servicios sin sujetarse al debido procedimiento que marca la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con los Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo, cuando el ahora imputado se encontraba al frente de la administración pública local.

Góngora Escalante continuará en prisión preventiva por otras dos carpetas que tiene en investigación; el órgano de investigación prevé dos meses de plazo para concluir las investigaciones en torno a la carpeta 53/2019.

La información en contra del también ex Secretario de Hacienda está contenida en 16 mil fojas, de acuerdo con información dada con antelación. El sábado pasado en el mismo lugar fue realizada la audiencia de presentación de pruebas en contra de Góngora Escalante; este jueves por la mañana la defensa presentó pruebas a favor de él.

El ex funcionario actualmente está preso en el Centro de Retención Municipal de Playa del Carmen, luego que en diciembre pasado fuera trasladado desde Chetumal, donde estuvo recluido desde principios de 2018, después de su aprehensión en la Ciudad de México por múltiples delitos imputados en su contra tras su paso por la función pública.