Ciudadanos reprueban el actuar de la policía

La gente considera que violan sus garantías en las revisiones, revela Derechos Humanos.

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En lo que va del año, el organismo ha recibido un total de 82 quejas. (Sara Cauich/SIPSE)
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Sara Cauich/SIPSE
TULUM, Q. Roo.- A pocos días del cierre de año, las quejas ante la Visitaduría adjunta de Derechos Humanos en Tulum suman 82 expedientes, según registros aportados por la titular Tania Méndez Sánchez. En primer lugar están corporaciones policíacas respecto a número de denuncias.

Como el año pasado, la dirección de Seguridad Pública Municipal es una de las figuran en primer plano por las revisiones a ciudadanos y detenciones que los afectados consideran vulneran sus derechos, al ponerlos a disposición de una autoridad.

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Es común, de acuerdo con la narrativa que hacen los agraviados, que al verlos caminar por la calle, los elementos uniformados les cierren el paso para llevar a cabo revisiones bajo el argumento de “actitud sospechosa”, y que finalmente termina en detenciones; el uso excesivo de la fuerza es otro de los motivos de queja.

También han expresado, que cuando se les pone a disposición, sus pertenencias no todas son entregadas para custodia, lo cual también se expresa en el acta que se levanta para la investigación que se lleva a cabo. En este sentido, dijo que han sido tres las quejas en las que se asienta este hecho al integrar el expediente.

El segundo puesto en esta lista es para la Fiscalía General del Estado, donde el común denominador es la falta de atención, pues muchas veces los denunciantes manifiestan que no se les quiere levantar la denuncia de los hechos que buscan se investigue, o también va en el sentido de que no se les aplica alguna medida de protección a su integridad física.

La Secretaría de Educación es otra de las dependencias que acumulan quejas por la falta de atención hacia los alumnos, como cuando un estudiante se siente agraviado por compañeros de clases.

El ciudadano puede verse agraviado por alguna autoridad, cuando esta hace uso excesivo de la fuerza, o cuando el servidor público no aplica los protocolos establecidos.

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