Agencias
WASAHINGTON, D.C., EU.-En una nueva muestra de preocupación por la situación de los derechos humanos en México, una comisión del Senado de Estados Unidos ha supeditado parte de la ayuda económica de su Gobierno al país vecino, al avance de la justicia en dos de los casos más relevantes en los últimos años. 

El Comité de Apropiaciones del Senado condiciona el 25 por ciento de la ayuda a las Fuerzas Armadas mexicanas al desarollo de las investigaciones de los sucesos de Tlatlaya e Iguala. 

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En el primer caso, 22 presuntos delincuentes murieron en un enfrentamiento con soldados en junio de 2014. La justicia mexicana acusa a varios de los soldados de asesinar a ocho de los 22. En el segundo, el comité emplaza al Gobierno a “cooperar plenamente” con la CIDH, que comisionó a un grupo de expertos para que revisara la desaparición de 43 estudiantes en el estado de Guerrero, en septiembre de 2014.

“Es simbólico, un toque de atención al Gobierno de México y un aviso de que los militares no están para patrullar las calles”, ha dicho en entrevista con EL PAÍS Maureen Meyer, asociada de la ONG Wola en Washington. 

Es simbólico porque el monto cuestionado es la cuarta parte de una cantidad pequeña, apenas tres millones de dólares. La importancia del asunto radica en la insistencia de las instituciones estadounidenses en el respeto a los derechos humanos por parte de las autoridades mexicanas.

Ya el año pasado, el Departamento de Estado recortó un 15 por ciento las ayudas de la Iniciativa Mérida por el mismo motivo. Tampoco era una cantidad enorme, en torno a cinco millones de dólares de los más de dos mil que ha invertido desde 2008. La lectura, igual que ahora, era de carácter simbólico.

En el texto del informe, el comité del Senado pide concretamente que el Secretario de Estado determine si “México investiga y procesa creíblemente las violaciones a los derechos humanos, incluido los asesinatos de Tlatlaya de junio de 2014, de acuerdo a la ley; si refuerza con vigor la prohibición de la tortura y la obtención de testimonios mediante tortura y si busca a las víctimas de desaparición forzada e investiga y procesa a los responsables de estos crímenes”. 

El comité dedica el último párrafo a la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa: “El comité espera que el Gobierno mexicano coopere plenamente con el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en la investigación”.

La inquietud de la cámara alta de Estados Unidos consagra el malestar de la sociedad civil mexicana con el proceder de las instituciones. De los siete militares que el juez mandó a la cárcel tras el asesinato de ocho civiles en Tlatlaya, un pueblo a cuatro horas de la capital, no queda ninguno en prisión. La inconsistencia del paquete de pruebas que presentó la fiscalía mexicana obligó al juez a ponerlos en libertad, aunque tres de ellos estaban acusados de delitos graves como homicidio y alteración del lugar de los hechos.

En el caso de Iguala, la opacidad y las trabas del Gobierno mexicano han exasperado al grupo de expertos de la CIDH durante sus pesquisas en México. En su estancia en el país, los expertos contradijeron las conclusiones de la investigación oficial, que decía que los 43 habrían muerto asesinados y luego sus restos habrían sido quemados en un basurero en el estado de Guerrero. El GIEI, así se conoce al grupo en México, instó al Gobierno a que investigara el papel del Ejército en la desaparición de los 43 y a que ampliara otras pesquisas que apenas habían sido exploradas.

Aunque en un primer momento los investigadores oficiales y el GIEI colaboraron, la relación se enfrió antes de que los segundos divulgaran sus conclusiones. El Gobierno mexicano evitó prorrogar la estancia de los expertos en México y los familiares de los 43 exigen que la búsqueda de los jóvenes continúe, igual que la investigación.