En Quintana Roo, los servidores públicos que incurren en delitos como el hostigamiento sexual tendrían la oportunidad de seguir trabajando en instituciones públicas, incluyendo las escuelas, gracias a una acción de inconstitucionalidad promovida por la CNDH.

Se trata de la demanda 80/2021 firmada por María del Rosario Piedra Ibarra, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que pretende invalidar un pedazo de texto del Código Penal del Estado de Quintana Roo.

“Quien comete el delito de hostigamiento sexual, si fuese servidor público o docente, será inhabilitado para ocupar cualquier cargo en el sector público por hasta el tiempo de la pena impuesta. En caso de reincidencia, la inhabilitación será definitiva”, seña el último párrafo del artículo 130-Ter incluido el pasado 6 de abril de 2021.

De acuerdo con la ombudsperson, el Congreso de Quintana Roo afecta los derechos de los culpables, ya que impide que vuelvan a tener “un modo de trabajo digno”, por lo que se trata de un castigo “excesivo”.

Esta postura fue calificada de “ridícula” por la Red Feminista de Quintana Roo y considera que la Comisión Nacional perdió su principal objetivo: defender los derechos de las víctimas; y no la de los acusados.

“Quintana Roo tiene una alta incidencia de delitos relacionados con el abuso sexual: desde violaciones hasta hostigamiento. Es increíble que ahora la CNDH intente menoscabar los intentos del estado por disminuir estos casos”, declaró Yunitzilim Rodríguez Peraza, integrante de la Red Feminista.

Por su parte, el diputado Edgar Gasca Arceo, promotor de esta iniciativa avalada en su oportunidad por el Congreso, puntualizó que su interés es acabar con la impunidad que gozan los servidores públicos que, abusando de su jerarquía o poder, marcan de por vida a una persona, afectando no sólo su salud física, sino mental.

“En Quintana Roo se han registrado varios casos de alumnas que son abusadas por sus profesores, e incluso de personas con discapacidad que fueron violadas por sus terapeutas. Y muchísimos más quedaron sin denunciar, porque el agresor es un funcionario que presume gozar de impunidad. Por eso aumentamos las penas, para mandar el mensaje de que se hará justicia a las víctimas”, declaró el legislador.

Puntualizó que no considera que la pena impuesta sea excesiva, ya que es coincidente con las sanciones impuestas por un juez, además de que la inhabilitación indefinida se establece para reincidentes, lo que demuestra que el culpable no tiene intención de rectificar o reinsertarse en la sociedad.

Es por ello que estarán atentos al recurso de inconstitucionalidad promovido por la CNDH, para defender la postura del Congreso de Quintana Roo.

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