Fiscal pide a alcaldes reelectos con denuncias aclarar situaciones

MÉRIDA, Yuc.- El fiscal general del Estado, Ariel Aldecua Kuk, exhortó  a los alcaldes electos que retornarán al cargo con denuncias penales por daño patrimonial, a aclarar los procedimientos en su contra, y advirtió que al ya no existir el fuero podrían ejercer acción penal.

El abogado del Estado explicó que en este momento investigan 25 denuncias en contra de ex alcaldes promovidas por la Auditoría Superior del Estado (ASEY) por daño patrimonial.

Milenio Novedades informó hace unos días que siete alcaldes electos de Yucatán regresarán al poder arrastrando denuncias penales por daño patrimonial que datan de sus periodos anteriores y hay otros que gobiernan y que alcanzaron la reelección, pero fueron señalados por la ASEY por manejos irregulares en sus cuentas públicas.

Entre los siete alcaldes electos citados figuran dos que tienen denuncias penales ante la Fiscalía: la alcaldesa electa de Tinum, por el Partido Nueva Alianza, Natalia Mis Mex, por dos querellas, de las cuales la primera es por 20 millones de pesos y la segunda por 4 millones 120 mil 761.36 pesos, que datan de su primera gestión como Alcaldesa por el PAN de 2012 a 2015.

El otro caso es el alcalde electo de Huhí, por el Partido Acción Nacional (PAN), Roger Marcelo Espínola Benítez, por daño patrimonial de 904 mil 49 pesos durante su primera gestión de 2012 a 2015.

Este martes, el fiscal Ariel Aldecua hizo un llamado a los alcaldes electos a aclarar las denuncias en su contra. “Que revisen sus situaciones y que lo que tengan que aclarar que se aclare”, dijo.

“Hoy las reformas que se hicieron permiten agotar diligencias y llevar procesos en contra de funcionarios públicos que, al ya no contar con fuero, no tienen esa protección”, señaló.

En este contexto, Aldecua Kuk dijo que la Auditoría Superior no ha presentado nuevas denuncias en contra de ex alcaldes o de actuales autoridades municipales.

“Trabajamos las denuncias, tienen distintos avances, muchas están en las agencias del interior del Estado, y nosotros no tenemos un plazo fatal que nos marque la ley, pero tratamos de agilizarlos para dejar en condiciones y poder dictaminarlo”, afirmó.