MÉRIDA, Yuc.- Muchas mujeres en todo el país han reportado haber sido drogadas sin su consentimiento con todo tipo de sustancias, situación que estaría por convertirse en un delito en Yucatán.

Esta acción se conoce como ‘canasteo’ y consiste en verter sustancias en bebidas o alimentos de otra persona, que le hagan perder la razón.

Este jueves, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Víctor Hugo Lozano Poveda, entregó a la Mesa Directiva una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado, en materia de sumisión química con el fin de que este acto sea tipificado como un delito.

El diputado expresó que la sumisión química, conocida coloquialmente como “canasteo” sucede cuando una persona suministra sustancias psicoactivas a otra persona sin consentimiento.

“Esta situación se encuentra presente en México y en otros países del mundo, donde se han tomado las medidas necesarias para castigar a quienes cometan este tipo de conductas”, aseveró.

Señaló, que la sociedad yucateca no merece tener esta incertidumbre cuando lo que se busca es pasar un rato agradable en un entorno seguro y con la garantía de no correr ningún riesgo, de ahí la importancia de la iniciativa presentada para conservar la seguridad que caracteriza a Yucatán.

Se aprueba ley en materia de violencia digital

Asimismo, este jueves en sesión ordinaria se aprobó por unanimidad los dictámenes de la comisión de Justicia y Seguridad Pública para modificar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Penal, en materia de violencia digital y violación a la intimidad sexual; y en materia de violencia familiar.

La diputada Fabiola Loeza Novelo explicó que “La reforma al Código Penal estatal ayudará a reforzar la acción en contra de aquellas y aquellos que, aprovechándose de la confianza y la cercanía con una persona, compartan, divulgue o distribuya contenido de índole sexual grabado, audiograbado, ya sea imágenes o grabe videos, audios o fotografíe, sin el consentimiento o autorización para ello”.

Al respecto, la diputada Carmen González Martín explicó que principalmente se busca facilitar a la autoridad intervenir en las agresiones de cualquier índole que se tenga dentro de la familia, garantizando a la población una vida libre de violencia.

“Se busca también aumentar la pena hasta en una mitad, cuando la víctima sea menor de 18 años, mayor de sesenta o cuando presente alguna discapacidad física o mental, haciendo evidente que se busca proteger los derechos y permitir la maximización de estos, no solo a las mujeres que sufren algún tipo de violencia familiar, sino a las infancias, adolescencias, adultos mayores y grupos en situación de vulnerabilidad”, agregó.

Por su parte, la diputada de Movimiento Ciudadano, Vida Gómez Herrera aseguró que, al aprobarse el dictamen, se continúa haciendo historia y rompiendo círculos de violencia y reconoció el trabajo en equipo que se tuvo con mujeres activistas.

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