Agencias
MÉXICO, D.F.- La detención de ocho militares por la muerte de 22 presuntos delincuentes, que según una testigo ocurrió en ejecuciones extrajudiciales, desafía la decisión del presidente Enrique Peña Nieto de mantener la controvertida ofensiva del Ejército contra el narcotráfico pese a las denuncias de abusos de uniformados, dicen activistas y expertos. 

Un oficial y siete soldados fueron arrestados por las autoridades castrenses el jueves por "desobediencia" e "infracción de deberes" a raíz de que una supuesta testigo de los hechos contradijo la versión oficial, según la cual las 22 personas eran miembros del crimen organizado y perecieron durante un enfrentamiento armado con los uniformados. 

La testigo aseguró a la revista Esquire que 21 de los muertos, entre ellos su hija de 15 años, fueron ejecutados a sangre fría a pesar de haberse rendido y que sólo una persona murió en el enfrentamiento, ocurrido el 30 de junio en Tlatlaya, una localidad ubicada en la violenta Tierra Caliente del Estado de México, a 240 kilómetros de la capital del país.

Otro factor que acentuó las dudas sobre este caso fue que sólo un soldado fue herido en el tiroteo.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no reveló los nombres de los militares detenidos ni la jerarquía del oficial. Tampoco especificó cuál fue la participación de los soldados en el caso, que también está siendo investigado por la Procuraduría General de la República (PGR).

De confirmarse las acusaciones, se trataría de la peor masacre cometida por las Fuerzas Armadas desde que Peña Nieto asumió la presidencia en diciembre de 2012.

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Sin confusiones: Segob

"Se llegará hasta las últimas consecuencias", dijo el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, en una comparecencia este viernes ante el Congreso, en la que estimó se trata de "una acción aislada y no el comportamiento general del Ejército y la Marina".

Ante diputados, el funcionario también aseguró que el caso se investigará de manera transparente.

El secretario de Gobernación garantizó, además, absoluta transparencia en la indagatoria que lleva a cabo la Procuraduría General de la República (PGR) y que está abierta.

“No está desgastado nuestro Ejército y tampoco este evento lo podrá desgastar, porque es mucho más que lo que pudiera suceder o resultar de la investigación”, subrayó.

Agregó que el Ejército mexicano está posicionado entre la población, en la coyuntura, en las calles, y ha protegido al país en cada una de sus regiones.

Ante los cuestionamientos de legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano, dijo que la Sedena tomó algunas acciones preventivas por el caso, pero la responsable de la investigación es la Procuraduría General de la República y “no hay confusión al respecto”.

El titular de la Segob declaró que no adelantará veredicto alguno sobre las pesquisas que se realizan en el caso Tlatlaya porque hay que esperar a que la PGR, con los elementos que tiene, pueda definir qué sucedió.

Dos crímenes

Para José Miguel Vivanco, director de la división de las Américas de Human Rights Watch (HRW), el caso Tlatlaya incluye dos crímenes: "la masacre y el encubrimiento".

"El encubrimiento ha sido la política y la práctica que históricamente se ha adoptado en México para proteger estos hechos, para evitar que se rindan cuentas, especialmente cuando se trata de oficiales de rango superior o autoridades políticas", dijo Vivanco.

El activista, que aboga por una investigación a todos los altos funcionarios que pudieron haber manipulado el caso, sostiene que se corre el riesgo de que los detenidos sean "chivos expiatorios para asegurar que esta investigación no vaya más lejos".

Por otro lado, este caso pondrá a prueba las recientes reformas en justicia penal, que permiten a tribunales civiles procesar a militares por crímenes contra personas que no pertenecen al Ejército.

"Si los militares tienen evidencia o pruebas (...) deberían inmediatamente trasladar la competencia" a la PGR, estimó Juan Carlos Gutiérrez, experto en derechos humanos y democracia de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), al explicar que por ley no se puede procesar dos veces a una persona por el mismo crimen.

Horas antes de que los arrestos se hicieran públicos, el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, dijo que el Ejército estaba comprometido a proteger los derechos humanos y que cualquier desliz se llevaría "a las instancias jurídicas correspondientes". 

Por su parte, el gobierno de Estados Unidos, que otorgó 1,000 millones de dólares a México en ayuda para fortalecer sus fuerzas en el combate al narcotráfico, ha pedido una "revisión creíble" del caso por parte de autoridades civiles.

Evidencia dramática

Diversas organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos han demandado a Peña Nieto retirar las tropas de las calles, pero el presidente insiste en que deben permanecer hasta que México esté seguro.

Javier Oliva, experto en seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aseguró que se trata de una "evidencia muy dramática de los riesgos que impone la sobreexposición de las Fuerzas Armadas mientras que las autoridades locales no toman sus responsabilidades" en la seguridad de los estados.

En los últimos ocho años, más de 80,000 personas han muerto en las disputas entre cárteles antagónicos, en los operativos federales que buscan combatirlos y en otros crímenes contra civiles.

Pero para Oliva, el gobierno no tiene más alternativa que combatir el crimen con el Ejército y la Marina, ya que las autoridades locales, infiltradas en numerosos casos por la criminalidad, no han demostrado estar a la altura.

"Tú retiras los militares o marinos y la seguridad pública colapsa", dijo.

(Información de CNN México y Notimex)