Agencias
MÉXICO, D.F.- El Ejército mexicano anunció el jueves la detención de un oficial y siete soldados vinculados con una confrontación en la que murieron 22 presuntos delincuentes en Tlatlaya, Estado de México.

La Secretaría de la Defensa Nacional precisó en un comunicado que estas personas quedaron internas en la prisión adscrita a la Primera Región Militar, en el Campo Militar número 1-A en el Distrito Federal.

Indicó que estas acciones las realiza la Procuraduría General de Justicia Militar por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos en contra de la disciplina militar.

Además por presunta desobediencia e infracción de deberes en el caso del oficial, e infracción de deberes en el caso del personal de tropa.

Esto independientemente de las investigaciones que llevan a cabo las autoridades civiles conforme a su competencia en el referido acontecimiento.

Presión de Estados Unidos

Washington, a través del Departamento de Estado, pidió días atrás al presidente Peña Nieto que se realice una investigación creíble del caso luego de que se difundieran versiones de que se trató de una ejecución extrajudicial masiva.

"Como es en todos los casos donde las fuerzas de seguridad hacen uso de la fuerza letal, creemos que es imperativo que exista una revisión creíble de las circunstancias en respuesta a estas, y que las autoridades civiles apropiadas lleven a cabo esas investigaciones", declaró Jeff Ratkhe, portavoz del Departamento de Estado.

El Gobierno del presidente Obama se sintió obligado a intervenir indirectamente ante las recientes revelaciones de la prensa que contradicen la versión oficial del gobierno mexicano sobre el incidente.

"Hemos visto los reportes recientes y le estamos dando seguimiento a esto caso", matizo el vocero del Departamento de Estado. 

El gobierno de Obama esta legalmente y técnicamente obligado a que se realice una investigación del caso Tlatlaya, porque como proveedor de equipo militar, financiamiento económico, de tecnología, asesoramiento de inteligencia y logística para las fuerzas de seguridad de México.

Bajo la llamada Iniciativa Mérida, EU está obligado a establecer ante el Congreso federal estadounidense que toda asistencia que proporciona al Gobierno mexicano para combatir al crimen organizado, no se involucra en actos de violación a los derechos humanos, sobre todo los cometidos por el Ejército o la Marina mexicana. 

"Desde junio venimos siguiendo este caso, y hemos alentado al gobierno de México a que lo investigue, pero también tenemos entendido que varias entidades mexicanas lo están haciendo", subrayó Rathke.

Los hechos

El 30 de junio el Ejército reportó la muerte de 22 presuntos delincuentes y un soldado herido tras lo que describió como un enfrentamiento tras haber sido agredidos por los supuestos criminales.

Sin embargo, una mujer que dice que fue testigo de la ejecución, dijo hace unos días que sólo una persona habría muerto de manera inicial y que luego los soldados habrían matado a 21 cuando ya se habían rendido, incluida su hija de 15 años de edad, quien yacía herida en el suelo.

La Secretaría de la Defensa Nacional señaló que el caso se les inició en el fuero militar y es independiente de las investigaciones que autoridades civiles realizan sobre los hechos del 30 de junio.

Tras las revelaciones de la testigo, la Procuraduría General de la República informó que ha abierto una investigación para determinar si se respetaron los derechos humanos en la confrontación entre militares y los presuntos delincuentes. 

Hace una semana, la propia Defensa Nacional había dicho que colaboraría y que esa dependencia era la más interesada en que se investigara el incidente.

(Información de Notimex, Milenio y oem.com.mx)