Un caso de deportación ha generado tensiones diplomáticas y cuestionamientos legales luego de que Kilmar Ábrego García, un residente de Maryland, fuera enviado por error a una prisión de máxima seguridad en El Salvador. 

Pese a la orden de una corte de inmigración que impedía su deportación, ni Estados Unidos ni el gobierno salvadoreño han tomado medidas para facilitar su regreso.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, calificó como ‘absurda’ la idea de repatriar a Ábrego García, a pesar de que la Corte Suprema de Estados Unidos instó al gobierno federal a tomar acciones para traerlo de vuelta. 

“La pregunta es absurda. ¿Cómo puedo contrabandear a un terrorista hacia Estados Unidos?”, dijo Bukele ante periodistas en el Despacho Oval, negando tener autoridad para devolverlo.

Por su parte, funcionarios del gobierno de Donald Trump insisten en que Ábrego García, ciudadano salvadoreño, está bajo custodia de un país soberano y que Washington no puede intervenir directamente. La secretaria de Justicia, Pam Bondi, aclaró que Estados Unidos solo podría facilitar un avión si El Salvador decide enviarlo de vuelta, pero que la decisión depende exclusivamente del gobierno salvadoreño. 

“Ante todo, él estaba ilegalmente en nuestro país. Depende de El Salvador si quieren enviarlo de regreso, no depende de nosotros”, subrayó Bondi.

Desde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el asesor legal interino Joseph Mazzara argumentó que no tienen autoridad para extraer a Ábrego García de El Salvador, ya que se encuentra bajo custodia nacional. Además, aseguró que el hombre ya no es elegible para una suspensión de deportación debido a la designación de la pandilla MS-13 como organización terrorista. 

Sin embargo, los abogados de Ábrego García insisten en que no existen pruebas que lo vinculen con dicha pandilla ni con ninguna otra.

La jueza federal Paula Xinis analiza si el gobierno podría ser declarado en desacato por su falta de acción en el caso. La situación también ha puesto en evidencia la estrecha colaboración entre los gobiernos de Trump y Bukele en temas migratorios, especialmente en la implementación de políticas de deportación masiva.

El Salvador como aliado clave en deportaciones

Desde marzo, El Salvador ha recibido más de 200 inmigrantes venezolanos deportados por Estados Unidos. Muchos de ellos fueron acusados por el gobierno de Trump de tener vínculos con pandillas y han sido encarcelados en una prisión de máxima seguridad al sur de San Salvador, como parte del plan de Bukele para combatir la violencia de las pandillas callejeras. 

Estas medidas han llevado a la detención de más de 84 mil personas y han impulsado la popularidad del mandatario salvadoreño.

Como parte de este acuerdo, Washington se comprometió a pagar cerca de seis millones de dólares para cubrir los costos del encarcelamiento de estos inmigrantes durante un año. No obstante, varios legisladores demócratas han expresado su preocupación por las condiciones en que se encuentran los detenidos, especialmente aquellos que podrían haber sido deportados injustamente.

El senador Chris Van Hollen busca reunirse con Bukele durante su visita a Washington para discutir el caso de Ábrego García. Por su parte, la senadora Jeanne Shaheen ha pedido al gobierno estadounidense que tome medidas para liberar a los inmigrantes detenidos que no presentan antecedentes penales creíbles.

Con información de AP