MÉRIDA, Yucatán.- La lentitud del Servicios de Administración Tributaria (SAT) impide en algunos casos la apertura de nuevos negocios y afecta la liquidez de las empresas en medio de la pandemia, señaló el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Yucatán. 

Por ello, consideró urgente propiciar las condiciones para obtener citas en el SAT, pues incluso se ha tenido que llegar a los amparos para concretar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

El presidente del CCE y de la Confederación patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Yucatán, Fernando Ponce Díaz, detalló que a nivel nacional y regional, derivado de la contingencia sanitaria por el Covid-19, desde el 2020 se detuvieron los trámites administrativos gestionados ante la autoridad fiscal. 

Detalló que esta situación ocasionó que se otorguen menos citas y con ello un impacto negativo en la operación de las empresas sobre todo en la inscripción de las de nueva creación, facturación y timbrado de nómina. 

En entrevista, el dirigente de la cúpula empresarial dijo que preocupa esta situación generada en el SAT, que debería haberse solucionado desde hace tiempo, ya que, entre otras cosas, afecta la generación de empleos. 

Indicó que a nivel estatal han sostenido pláticas con la representación local del SAT para hacerle patente sus inquietudes, por lo que algunos temas se empezaron a destrabar, pero no con la celeridad esperada, por lo que también dialogaron con el Gobierno de Yucatán, para solicitar su intervención a través de la Sefoet. 

El presidente de la Coparmex señaló que uno de los principales problemas que ocasiona la lentitud del SAT son las devoluciones de IVA a favor, y frenar esos recursos les resta liquidez a las empresas, por lo que muchos propietarios han tenido que destinar sus ahorros para evitar cerrar. 

A nivel nacional 

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), la Barra Mexicana de Abogados (BMA), la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (Anade), el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (Incam), el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) y la Coparmex argumentaron que la paralización del SAT resultó en un impedimento para cumplir con lo establecido en la reciente reforma en materia de subcontratación.

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