MÉRIDA, Yuc.- Con la aprobación de la iniciativa llamada “3 por 3” en el Congreso del Estado, se buscará erradicar del poder público a los agresores, a padres que han sido deudores alimentarios y a violadores.

También, se establecerán los criterios de elegibilidad para quienes aspiran a ocupar un cargo en la función pública, ya sea mediante elección, designación o concurso.

La decisión y discusión fue considerada "histórica" por parte de los integrantes del movimiento feminista de la entidad para que "nunca más el poder estará ensuciado por la violencia", subrayó, Layla González.

La iniciativa aprobada la propuso la colectiva Agenda de las Mujeres por la Igualdad Sustantiva de Yucatán, (AMISY), que fundó María Eugenia Núñez Zapata y respaldada por la diputada de MC, Vida Gómez.

Explican iniciativa

Fue la diputada panista Carmen González Martín, quien señaló que con la iniciativa no se permitirán que entren en funciones servidores públicos con antecedentes en violencia familiar, delitos contra la intimidad personal, contra la imagen personal, o violencia laboral contra las mujeres.

Así como aquellos que hayan incurrido en violencia obstétrica, violencia por parentesco, violencia institucional, hostigamiento sexual, acoso sexual, abuso sexual, estupro, violación o feminicidio, ni ser deudor alimentario moroso, precisó la legisladora.

Asimismo, detalló que no se propone un mecanismo violatorio de las garantías individuales o de revanchas políticas, sino que tiene que ver con un mecanismo útil, pues "necesitamos limpiar las instituciones de agresores".

De igual manera, la diputada morenista Rubí Argelia Be Chan comentó que la ley "3 de 3" sienta las bases para la idoneidad de cualquier cargo público por elección, designación o concurso, es decir, los aspirantes "deberán cumplir con el requisito de no ser agresor de mujeres, niñas y niños, lo que implica no ejercer violencia familiar, sexual ni ser deudor alimentario".

Por su parte, la diputada emecista Vida Gómez Herrera expuso que las reformas planteadas constituyen un marco que busca dignificar la política y el poder público. "Sienta las bases de los requisitos de elegibilidad que deben tener quienes aspiren a un cargo público", expresó.

Las fracciones y representaciones parlamentarias del PAN, Morena, PRI, Nueva Alianza Yucatán y Movimiento Ciudadano también aprobaron las modificaciones a la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y la presente Ley de Partidos Políticos estatal en materia de violencia de género y deudores alimentarios.

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